En Paraguay adolecemos de una carencia estructural: La falta de datos. Queremos conocer la situación del criadazgo y el último registro fiable data de 2013. Queremos saber sobre las poblaciones indígenas, pero no existe forma de verificar si los registros están bien realizados. Buscamos información sobre la situación económica de las familias campesinas y, probablemente, es un dato que tampoco encontraremos.
Ante este panorama, uno no puede evitar preguntarse: ¿A qué se debe? Porque detrás de la falta de datos –o de la existencia de datos inexactos– hay una voluntad política muy clara.
Hace muy poco tiempo, el 24 de marzo, se cumplieron 50 años del golpe de Estado que instaló la última dictadura cívico-militar en Argentina. Allí se habla de 30.000 desaparecidos. Y, como sabemos, los apologetas de la dictadura se refugiaron siempre en el mismo eslogan: Que no fueron 30.000. Después venía su versión más obtusa: Que no fueron 30.000 ni están desaparecidos, pero activistas y sobrevivientes saben muy bien que, en efecto, no fueron 30.000. No porque la cifra sea menor, sino porque no sabemos cuántos fueron. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura no están registrados con completitud.
Acá en Paraguay ocurre algo similar. Hablamos de más de 423 desaparecidos, según el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, pero en realidad no podemos saber a ciencia cierta de qué cifras se tratan. ¿Qué ocurre con todas las comunidades rurales, campesinas e indígenas donde no hubo denuncias? ¿Dónde no llegó un censo? Lo único que podemos recuperar es el testimonio, que muchas veces es considerado “inexacto” por quienes prefieren no ver.
Frente a esto, emergen los números imaginarios. El 30.000 argentino es una herramienta para dimensionar la magnitud de los hechos. Y nos queda a nosotros elegir nuestro propio número. Fácilmente podrían ser 10.000. Y teniendo en cuenta que, en aquel entonces, Paraguay tenía alrededor de tres millones de habitantes, esa cifra es sencillamente desquiciante.
Todas las personas que conozco en Paraguay tienen un pariente, un amigo, un conocido que fue detenido durante la dictadura stronista. Mi abuelo materno cometió el “delito” de tener el pelo largo, tocar la guitarra y ser argentino en Las Mercedes, justo cerca del atentado contra Somoza. También fue detenido.
Estas historias importan. Y nos llevan a cuestionarnos el presente: ¿Por qué seguimos sin tener datos? ¿Quién se beneficia de que no los tengamos? Sin datos no podemos hacer denuncias concretas.
Las únicas instituciones que aún producen informes y análisis de datos sobre estas realidades actuales son las oenegés. Paradójicamente, son ellas las que hoy se encuentran perseguidas por la llamada ley mordaza impulsada por el oficialismo que, bajo el pretexto de la transparencia, impone registros obligatorios, sanciones desproporcionadas y un margen de arbitrariedad que amenaza con cerrar el espacio cívico.
Quizás, esto nos confirma aquella voluntad política de mantenernos en la oscuridad: Si se silencia a quienes documentan, se garantiza que la falta de datos se convierta en falta de memoria y, sobre todo, en falta de justicia.
