La investigación realizada por este medio muestra el nulo control de la frontera seca con el Brasil, en el Departamento de Canindeyú, que se ha convertido, en esta parte, en el principal punto de salida de desechos reciclables, cobre y aluminio, de manera ilegal. Esto la ha convertido en la ruta del cobre de los cables y otros bienes del Estado que son robados, sin tener ninguna trazabilidad, ni rastros de su comercialización, cruzando de contrabando al vecino país, ante la falta total de control de las autoridades como la Policía Nacional, la Aduana, la Patrulla Caminera, Migraciones, el Mades y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
En Canindeyú existen unos ocho puestos de control a lo largo de la ruta internacional que cruza por varias ciudades. Entre ellos están los puestos policiales y comisarías, Aduanas, Patrulla Caminera y Migraciones, cuyos funcionarios realizan presencias y sus guardias en las oficinas, pero no cumplen con el debido control asignados para prevenir estos ilícitos. La salida ilegal de cargas de cobre se da por la zona de Pindoty Porã, en el distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, específicamente por la ruta PY07 Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia.
Mientras que para hacer llegar la carga hasta esta zona fronteriza desde cualquier otro punto del país, son esenciales el tránsito por una de estas rutas, la 3 y la 2, indistintamente, que en su largo recorrido tiene unos 18 puestos de control, pero al parecer a nadie le molesta el transporte de estos desechos, pese a tratarse de un multimillonario negocio.
Las cargas de cobre y aluminio son transportadas en camiones de gran porte con carretas que alzan hasta 30.000 kilos, que son cargados en chatarreras de Ciudad del Este, donde se instalaron varios acopiadores que compran materiales reciclables a precios que la industria local no puede competir (entre G. 30.000 a 35.000 el kilo).
Luego, esos materiales son trasladados con la complicidad de las autoridades, mediante el pago de coimas en los diferentes controles ruteros, hasta la frontera seca, pasando al Brasil, siendo su destino final la ciudad de San Pablo, donde el kilo de cobre cotiza el doble al de nuestro país (entre G. 60.000 a 65.000 el kilo).
Esta ruta del contrabando del desecho ilícito parte de medianos acopiadores que compran cobre de los chespis —adictos que sustraen de las instalaciones—, sin emitir comprobantes de sus compras y sin pagar los impuestos correspondientes.
También van entre estos los cables que son hurtados a instituciones estatales como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco SA), por funcionarios infieles que a diario extraen kilos y kilos de materiales.
Durante la investigación se comprobó el nulo control de la zona fronteriza por parte de las autoridades, ya que ni patrulleras de la Policía Nacional se pueden observar recorriendo la zona. Sin embargo, del lado brasileño sí se pudo observar el recorrido constante de patrullas de la Policía Militar.
Una fuente de éste medio, dedicado al rubro de reciclaje, denunció que “en los últimos meses, tanto el MIC como el Mades, han habilitado a mansalva, empresas pseudorecicladoras, que en realidad son vehículos para todo tipo de actividad ilegal, que desde la capital hasta las fronteras del país contrabandean todo tipo de material metálico robado y con otras cosas prohibidas”.
Detalló que las compras de cobre robados se realizan en todo el territorio nacional, y luego “son llevados en camiones, sin los mínimos requisitos ambientales ni tributarios hasta la zona de frontera para ser llevados de contrabando al Brasil”.
