Pedro Halley, representante de la UNJPY y ex gerente de Prestaciones de IPS, señala que el aumento de periodo de referencia de 36 meses a 120 meses –que es el eje de la reforma de la previsional impulsada por el Ejecutivo– adolece de deficiencias en su redacción porque constituirá un perjuicio a futuro para los jubilados.
“El ajuste de los salarios de los diez años está basado solamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cada año, indicador que es insuficiente para lograr beneficios coherentes con el verdadero esfuerzo contributivo del trabajador”, asegura.
Asimismo, informó que los jubilados de este gremio solicitaron al Congreso una audiencia pública para el 19 de diciembre para proponer un nuevo sistema de cálculo que evite que los haberes jubilatorios sean inferiores a los que se obtienen con el sistema de cálculo actual sobre la base de 36 años de aporte.
Al mismo tiempo, Halley explicó que se harán otras peticiones, como la modificación de la gobernanza de IPS, de modo a suprimir el predominio político en la integración del Consejo de Administración, estableciendo un sistema de elección obligatoria; el pago de la millonaria deuda que tiene el Estado con la previsional mediante bonos soberanos negociables; la supresión del descuento del 6% a jubilados y pensionados para un fondo específico de salud y el aseguramiento de fondos para el pago de aguinaldos sin que esto sea una potestad del Consejo.
Los jubilados también rechazan las expresiones de la gerente de Prestaciones de IPS, Vanesa Cubas, quien constantemente habla sobre el inminente colapso de la previsional. En ese sentido, señalan que el IPS cuenta con la mayor reserva financiera del país, con USD 2.500 millones y que posee inmuebles por unos USD 500 millones.
Los jubilados señalan que la postura de la previsional debería estar centrada en reducir los índices de evasión y alentar hacia la formalización. Asimismo, denuncian que la intención real del Gobierno es la introducción de un modelo de capitalización individual y la supresión del vigente modelo de capitalización colectiva.
Por último, cuestionan que los ajustes de los haberes jubilatorios sean basados en el IPC. Señalan que este mecanismo no refleja el verdadero costo de vida de los ciudadanos. Instan al Gobierno a establecer una mesa de trabajo de modo a establecer una nueva metodología.
120 meses de aportes es lo que IPS busca considerar para el cálculo de los haberes jubilatorios, según el proyecto de ley.
