La argumentación fue una supuesta revancha por la falta de apoyo para quitar los fueros a Mario Abdo, que como señaló Derlis Maidana, si el ex presidente no fue desaforado, entonces los otros tampoco.
Sin embargo, el objetivo real de Honor Colorado es blindar a Erico Galeano para salvarlo de una condena en la Justicia, donde está procesado por lavado de dinero y asociación criminal, en el caso A Ultranza Py, que desmontó una red de narcotraficantes. Como estrategia fueron incluidos los opositores Rafael Filizzola, que lleva un proceso por supuesto perjuicio al Estado, siendo ministro del Interior, y Celeste Amarilla, por una denuncia por difamación formulada por Bachi Núñez.
En cuanto a Hernán Rivas, no necesitaba siquiera los fueros, ya que su causa por un supuesto título falso iba camino a concluir a su favor.
Los pedidos de desafuero de Mario Abdo y Mauricio Espínola van por cuerdas separadas. Ambos imputados por supuestamente haber filtrado información secreta del Estado que perjudicó a Horacio Cartes y sus empresas, al ser vinculado con casos de lavado de dinero y contrabando.
Caos. Debido a que no hay precedentes de haberse anulado una resolución de desafuero, la decisión del Senado genera un problema para la Fiscalía y el Poder Judicial, que deberán resolver cómo proceder.
El abogado especialista José Casañas Levi explicó que este procedimiento no está previsto en la Constitución Nacional, por más que el Congreso tiene atribuciones de dictar resoluciones. Mientras no haya una comunicación que justifique el mérito para devolver fueros, el hecho pierde sentido.
Casañas indicó que cuando el Congreso comunique al juez sobre la restitución de fueros, este deberá tomar una decisión y una opción es enviar a la Corte para que como consulta le dé una respuesta.
El abogado estima que la Corte probablemente devuelva el caso sin responder, para no involucrarse porque no hay una acción de inconstitucionalidad.
Luego, el juez deberá suspender el procedimiento atendiendo a que los investigados tienen fueros, o pasar por alto la decisión del Senado alegando que la resolución no tiene efecto. Este caso no solo no está en la Constitución, sino que tampoco está previsto en el Código Penal, por lo que la Justicia no tiene herramienta clara. Luego, el juez deberá suspender el procedimiento atendiendo a que los investigados tienen fueros, o pasar por alto la decisión del Senado alegando que la resolución no tiene efecto. Este caso no solo no está en la Constitución, sino que tampoco está previsto en el Código Penal, el Código Civil ni en el Código de organización judicial, por lo que la Justicia no tiene herramienta clara.
Casañas hizo énfasis en que lo importante es saber qué hará la Fiscalía, que es la titular de la acción penal y es la interesada en que continúe el proceso.
El abogado estima que se deberá crear derecho y habrá un caos.
