En la madrugada del martes, a tan solo una semana de haber sido capturado por la Policía, el afamado asaltante de bancos y cajeros, Roque Jacinto González, más conocido como Roque Pyguasu, se fugó de la sede de Investigación de Delitos de la Policía del Departamento Central, en la ciudad de San Lorenzo, junto con otros tres reclusos.
Aunque la versión oficial sostiene que los presos limaron los barrotes de la celda y abrieron un boquete en el techo, la principal sospecha es que el peligroso y buscado delincuente se fugó con la complicidad de miembros de la Policía, denotando un grave hecho de corrupción. Resulta inexplicable que un reo considerado altamente peligroso haya estado sin la debida vigilancia, que no se haya escuchado el ruido que se produce al limar el metal, ni que Roque y sus cómplices se hayan podido desplazar por la dependencia sin ser advertidos.
En horas de la tarde, otro suceso acaparó la atención pública, cuando se supo del inicio de un violeto motín en la Penitenciaría Nacional, en el barrio Tacumbú de Asunción.
Todo empezó cuando se dispuso, en horas de la mañana, el traslado desde la cárcel de Tacumbú a la sede de la Agrupación Especializada de la policía del recluso Orlando Efrén Benítez, quien fuera miembro de la banda del popular asaltante ya fallecido Nelson Gustavo López, alias Yacaré Po, y que ahora formaría parte de la poderosa organización criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC), supuestamente para evitar un plan de fuga masiva, según informó la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
El traslado de Benítez fue considerado como la obtención de un privilegio por muchos otros reclusos, desatando una violenta reacción, con la toma de 18 guardiacárceles como rehenes, incendios y siete asesinados, que según varios indicios fue parte de un enfrentamiento entre miembros del PCC y el Clan Rotela. Aunque la ministra Pérez niega esta interpretación, la manera en que se procedió a la decapitación de al menos tres presos reafirma la modalidad de estos enfrentamientos, como el que ocurrió en la cárcel de San Pedro, en junio de 2019.
Como trasfondo de esta situación, Paraguay sigue siendo el país con mayor población penal sin condena en América y cuarto en el mundo, en donde, de cada 10 personas privadas de libertad 9 viven en una situación de hacinamiento que riñe contra los más elementales derechos humanos, según informes de organismos como la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (Codehupy) y el Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas (MNP).
La responsabilidad alcanza en igual medida al Gobierno, al Poder Judicial y al Legislativo. No emprender una reforma profunda con urgencia es dejar una bomba de tiempo en manos de grupos criminales y sus aliados políticos.
