En el decreto, Noboa señala que el Estado recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen la “guerra” que declaró desde enero de 2024 a las mafias, ante el auge de la criminalidad por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones en Ecuador.
Actualmente, Ecuador ya recibe apoyo -entre otros- de EEUU y la Unión Europea para temas de seguridad, especialmente del primero con soporte de inteligencia.
El decreto dispone, literalmente, que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos” por Ecuador.
Anota que las acciones adoptadas por el Estado en el marco del conflicto armado interno tendrán como finalidad neutralizar “todas las estructuras que constituyan una amenaza para la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”.
Añade que el presidente, conforme lo contempla la Constitución, “concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado, de conformidad con la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente”.
Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado.
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Tras decretar el “conflicto armado interno”, Noboa ha decretado una serie de estados de excepción para combatir la inseguridad. El más reciente se activó esta semana, por sesenta días, en diez provincias y tres municipios.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntos abusos por parte de militares en el marco del “conflicto armado interno”. Y, según Amnistía Internacional, la Fiscalía registra unos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023. El primer mandato de Noboa inició en noviembre de ese año.
Uno de esos casos es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular en Guayaquil por dos patrullas militares en diciembre de 2024, y posteriormente fueron hallados calcinados y con impactos de bala, cerca a una base militar.
La justicia condenó por desaparición forzada a los militares que participaron en la detención de los menores de entre 11 y 15 años, a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada.
Pese a la declaración de “conflicto armado interno” y los sucesivos estados de excepción que se prolongan durante casi dos años y medio, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
Fuente: EFE.
