“Las calles no se toman. Vamos a ordenar el país para que la gente viva en paz”, aseveró en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.
Bullrich aseguró que habrá sanciones severas para quienes hagan cortes, los organicen, instiguen o sean “cómplices” de estos.
El nuevo protocolo se presenta en un delicado escenario social y económico en Argentina, donde cerca del 45% de la población es pobre y donde el Ejecutivo de Javier Milei, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza y que asumió la Presidencia el 10 de diciembre, acaba de lanzar duras medidas de ajuste en un contexto de inflación del 160,9 % interanual.
Con este telón de fondo, organizaciones sociales han convocado a movilizaciones para el 20 de diciembre, aniversario de las violentas protestas de 2001, que se dieron durante una explosiva crisis económica y que terminaron con la renuncia del entonces presidente, el radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
“Sin orden no hay libertad. Y, sin libertad, no hay progreso”, afirmó Bullrich, quien advirtió que “quien las hace, las paga” y que solo se permitirán protestas “sobre la vereda (acera)”.
La ministra explicó que las cuatro fuerzas de seguridad federales y el Servicio Penitenciario Federal intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos sean parciales o totales, sin importar que los manifestantes dejen o no vías alternativas para el tránsito, y los efectivos actuarán hasta dejar totalmente asegurada la libre circulación.
“Para llevar a cabo estas medidas las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”, afirmó.
Los organizadores de las protestas con cortes deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad.
No se permitirá ir con el rostro tapado ni llevar niños a las movilizaciones, y se dará aviso a la Justicia en caso de “daño ambiental” si se queman neumáticos. Además, la cartera trasladará información a la Dirección Nacional de Migraciones para el caso de manifestantes extranjeros con residencia provisional.
