El defensor dijo que esa denuncia no se ajusta a la verdad ya que todas las actuaciones de la Defensoría se enmarcan dentro de las previsiones establecidas en la Constitución.
“La ley autoriza a toda persona a realizar su declaración como objetor de conciencia. La Defensoría del Pueblo únicamente recibe la solicitud de declaración de objeción de conciencia de los interesados”, menciona el defensor en un documento.
Explica que luego de recibir las solicitudes, las somete a consideración del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
“Cabe aclarar que no existe ni obra en los registros de la Defensoría un hecho de cobro a ciudadanos extranjeros en situación de radicación en concepto de objeción de conciencia, precisamente, porque cada expediente de tramitación de objeción de conciencia es sometido a un proceso de evaluación pasando por los diferentes niveles y departamentos de la institución”, expresa el defensor.
La denuncia fue hecha por la abogada Giselle Rivas, ex funcionaria de la Defensoría, quien estuvo a cargo de evaluaciones documentales sobre inscripciones, siendo asistente de la Dirección General. Alegó que los extranjeros no pueden ser inscriptos.
Niego que los funcionarios realicen cualquier acto en perjuicio de los ciudadanos y menos que se aprovechen.
Miguel Godoy,
defensor del Pueblo.
