El proyecto de resolución que interpela al ministro de urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, ingresó a la Cámara de Diputados el 20 de marzo último y desde entonces, el cartismo evade su estudio.
Aunque el pleno podía constituirse en comisión para resolver esta iniciativa, los diputados oficialistas derivaron el proyecto de la oposición a comisiones, dilatando aún más el debate sobre la responsabilidad de Baruja en la adjudicación de una vivienda económica a Chaqueñito, así como a familiares de la senadora Zenaida Delgado. Ambos fueron electos por Cruzada Nacional, pero migraron al oficialismo.
El trámite siguió en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde hubo dos dictámenes; uno por la aprobación y el segundo por el rechazo.
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Dictaminaron a favor el liberal Jorge Ávalos Mariño y Roberto González, de Fuerza Republicana, mientras que los cartistas José Ramón Maciel, Rocío Abed y Saúl González sugieren rechazar el pedido.
Ambas propuestas debían debatirse en la sesión ordinaria de este martes, pero los diputados dejaron la sesión sin cuórum en vísperas del feriado largo por Semana Santa. Finalmente los diferentes puntos pasaron para la sesión del 7 abril, incluyendo el pedido de interpelación a Baruja.
El cartismo ya expresó su respaldo al ministro de Vivienda, acompañando el discurso de que los trámites se realizaron en forma y que “cualquier paraguayo” tiene derecho a una vivienda. Sin embargo, tras el escándalo, Chaqueñito se vio obligado a renunciar al departamento el mismo día en que se constató que no residía en el lugar, lo cual es una causal de rescisión de contrato.
Preguntas para interpelación
El proyecto contempla 16 preguntas que incluye preguntas sobre los criterios técnicos, sociales y administrativos aplicados para la adjudicación de las 12 viviendas económicas en el edificio Las Residentas 1.
Los opositores piden explicaciones sobre parentescos entre beneficiarios y políticos, así como la cantidad de solicitudes que fueron rechazadas y aprobadas con sus respectivos argumentos.
Entre los últimos puntos, los proyectistas consultan si existe una investigación administrativa interna respecto a las cuestionadas adjudicaciones y qué medidas correctivas prevé adoptar el Ministerio para evitar irregularidades.
