18 ene. 2025

No premiar con impunidad a los invasores vip

Aunque el fiscal general del Estado ha declarado que “no detecta” hecho punible en el caso de la denominada ocupación vip y hace responsable a la Justicia para intervenir en el escandaloso tema, debemos reclamar que los hechos constituyen una directa confrontación al mismo estado de derecho, modelo por el que optamos como República en la misma Constitución Nacional. Todos los paraguayos como integrantes de la sociedad estamos sujetos a las leyes y por tanto a su cumplimiento. Privilegios e impunidad están fuera de la ley.

La publicación de una lista de supuestos ocupantes vip de costosos terrenos sobre el río Paraguay, divulgada por la senadora liberal Celeste Amarilla produjo gran agitación en diversos ámbitos. A la información le siguió asombro, incredulidad e indignación ciudadana, así como una tibia reacción de las instituciones ante un grave hecho que supone una confrontación a la misma esencia del estado de derecho.

De acuerdo con la lista que fue dada a conocer, las 131 hectáreas de tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa en la zona conocida como Jardines de Remansito, en Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, están siendo ocupadas por conocidos empresarios, políticos, jueces y ganaderos. Esta situación, sin duda, solamente puede ser el resultado de décadas de complicidad para socavar los intereses del Estado paraguayo.

Los medios de comunicación han exhibido imágenes de estas construcciones que se inician en la franja de dominio del puente Remanso, y se extienden a lo largo de la costa del río Paraguay, en tierras del Estado. Las casas son de lujo, de estilo sofisticado, con grandes ventanales con vistas al río, en un derroche de lujo y confort.

El senador cartista, Basilio Bachi Núñez, fue puesto en evidencia por su colega Celeste Amarilla, por haber sido el principal promotor de las ocupaciones vip en Remansito. Junto con el ex diputado Edwin Reimer, Núñez había presentado el proyecto de desafectación del inmueble del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, aprobada por Diputados en el mes de junio.

La lista de ocupantes vip es extensa e incluye al ex titular del Encuentro Nacional, Fernando Camacho; Rossana Ramírez, esposa de Hugo Simón, de Laboratorio Indufar; Miguel Reinal, de Náutica y Cabaña Doña Gilda; Hugo Berthold Friesen, director de la Asociación Capellanía Empresarial; y Alfredo José Vinader, ex interventor de Acepar, durante el gobierno de Horacio Cartes. También están el ganadero Óscar Peter Klassen, dueño de la Estancia Dos Hermanas; Berthold Penner, socio de Wesley Kehler en Global Trading y presidente de la Asociación de Menonitas del Paraguay; Daniel Gómez Rambado, juez camarista, integrante del Tribunal de Apelación que anuló la sentencia del ex gobernador de Presidente Hayes, Emigdio Benítez, quien había sido condenado a cuatro años de cárcel por producción de documentos.

Pese a que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que no fue detectado un hecho punible en la invasión de las 131 hectáreas de tierras del Estado, se debe insistir en la urgencia de realizar una profunda investigación para transparentar los hechos. No es suficiente con que el presidente vete la ley de desafectación.

Existe un abuso del patrimonio público y es inadmisible que los ocupantes ilegales hayan sido presentados como familias agricultoras, pero que cambiaron de rubro para dedicarse a actividades ligadas al turismo. Esto nos recuerda a otra ominosa lista, la de las 3.336 familias cercanas a la dictadura de Alfredo Stroessner que se apropiaron de casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

En un estado de derecho, todos los miembros de la sociedad están sujetos a las leyes y a su cumplimiento, es uno de los fundamentos de la democracia, por lo tanto basados en el artículo 46 de la Constitución Nacional que determina que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, todas las personas involucradas en este escándalo deberán ser investigadas. No es aceptable para una democracia que haya tolerancia para los invasores vip. Y otros, a los que por ser pobres se les aplica el rigor de la ley y de la fuerza pública.

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