La denuncia había sido presentada el 28 de mayo del 2018 por el ingeniero Hermann Pankow, en contra del ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas Marta Benítez; luego la denuncia fue ampliada contra el ex viceministro de Obras Juan Manuel Cano, el ex representante del Banco Interamericano de Desarrollo Eduardo Almeida, y Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
Los reclamos incluían varios puntos, irregularidades referidas al pliego de bases, y a estas razones se sumó posteriormente una auditoría de la Contraloría General de la República. Este informe señalaba que las obras privaron a los ciudadanos de beneficios económicos por unos USD 85 millones. Además, se pudieron determinar perjuicios por el lucro cesante de comercios, gastos innecesarios en consultorías y gastos por la demolición de obras. Además, la Contraloría menciona una falta de aplicación de multas por incumplimiento de metas parciales por valor de G. 14.550 millones; y detectaron más de G. 9.400 millones del monto contractual, incumpliendo la modalidad de contrato global. Respecto al desagüe pluvial, se constató que se pagaron G. 17.422 millones por un sistema deficiente.
El caso actualmente está a cargo de la fiscala María Estefanía González, quien quedó en la causa después de varias recusaciones. No hubo ni un solo allanamiento ni hay persona imputada alguna. En cinco años no hubo avances en la investigación y la causa está a punto de prescribir.
La inacción de la Fiscalía General del Estado en este caso fue precisamente uno de los puntos que incluyó el libelo acusatorio en el pedido de juicio político a la ex fiscala general, Sandra Quiñónez quien, como sabemos, fue salvada por los diputados en varias ocasiones. En el libelo, la acusación se fundamentaba en la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción a los autores y cómplices, dentro del marco de sendas denuncias de presuntos hechos punibles que incluyen daño patrimonial al Presupuesto público, en torno a la construcción inconclusa de la obra conocida como “Proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús”.
“A pesar de contar con evidencia suficiente para la persecución e investigación penal; y siendo este un caso emblemático, se evidenció que no existe decisión política de llegar a la verdad real, investigar efectivamente y, en su caso, sancionar a los autores y cómplices de hechos punibles sumamente graves para la institucionalidad de la República”, decía el libelo.
El proyecto Metrobús fue considerado en su momento como el más importante desde el Ferrocarril Carlos Antonio López, el cual data de 1861 y, como es sabido, ya no existe, exactamente como el Metrobús. El proyecto era importante y su potencial transformador a nivel urbano podría haber sido trascendental en cuanto a la calidad de vida de la ciudadanía.
El fracaso de dos gobiernos colorados, tanto de sus ejecutores y responsables como de la Fiscalía que no persiguió a los culpables, es una infamia que la clase política debe asumir pues han privado a la población de una oportunidad de contar con un sistema de transporte público digno que ya no humille cotidianamente a sus usuarios.
No se debe permitir que prescriba la causa de este fallido proyecto, y eso está en manos ahora del nuevo fiscal general, para enmendar entuertos y terminar con el reinado de la impunidad.
