Hace unos días, la Ley de Emergencia (6524/20) cumplió un año de plena vigencia. El presidente Mario Abdo Benítez decretaba el reglamento y la legislación que pretendía ser una herramienta de contención y mitigación de la pandemia entraba en rigor, suspendiendo una gran cantidad de regulaciones de orden público y privado.
Los parlamentarios autorizaron al Gobierno el endeudamiento por unos USD 1.990 millones. La idea era garantizar cuanto antes los recursos necesarios para el equipamiento de la salud pública, la adquisición de medicamentos e insumos para enfrentar al Covid-19, asistencia económica a trabajadores formales e informales, sostener el funcionamiento del Estado y garantizar créditos accesibles a mipymes.
La normativa también autorizó a las empresas públicas (ANDE y Essap) a exonerar el pago de servicios básicos a sus clientes, permitió que la Administración Tributaria postergue vencimientos y disminuya las tasas de varios impuestos y, además, le concedió al Banco Central la posibilidad de que tome medidas excepcionales para garantizar liquidez al sistema financiero y seguridad al ahorrista, entre otras decenas de medidas.
Más que nunca el Gobierno tuvo los instrumentos y el tiempo necesario para evitar un colapso, pero, ¿se cumplieron los objetivos de la ley? Ciertamente, el esfuerzo de las instituciones que forman parte del Gobierno fue muy disparejo.
Por un lado, se puede ver que el Ministerio de Hacienda hizo un esfuerzo muy grande para garantizar el funcionamiento del subsidio Pytyvõ, programa que llegó en sus dos ediciones a 1.561.672 trabajadores informales. Además, los pagos adicionales dentro del programa de adultos mayores llegaron a 219.780 beneficiarios; mientras que mediante el plan de facilidades impositivas miles de empresas fraccionaron el pago del Iracis y lograron suspender los anticipos, al mismo tiempo que quedó suspendida la vigencia de tributos a los servicios digitales.
El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) también tuvo un desempeño positivo. Inversiones récord por encima de los USD 1.000 millones, enfocadas en la reactivación de la actividad interna, garantizaron crecimientos importantes en el rubro de la construcción y se convirtieron en el principal motor del empleo en meses duros para la economía.
Sin embargo, otras entidades, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud, quedaron aplazadas en pandemia.
Los primeros dos no tuvieron la visión ni la fuerza necesaria para fomentar la creación de nuevos puestos laborales, la apertura de mercados para las personas que perdieron sus empleos ni para facilitar los trámites a aquellos que se animaron a emprender. Las estadísticas oficiales indican que 267.000 personas están sin empleo, con un aumento del 27% en este indicador frente al 2019. La pobreza, por su parte, también creció y alcanzó a 1.921.721 personas.
Del Ministerio de Salud, no hay mucho que decir que ya no se sepa. De un presupuesto actual de G. 2,5 billones (USD 392,3 millones al cambio de la ley), ha ejecutado apenas 929.000 millones (145,5 millones), lo que significa que ha usado solo el 37% de los fondos que le asignaron. La falta de camas, medicamentos básicos e insumos, lo que generó toda una ola de desesperación, furia e indignación ciudadana, ha evidenciado que la corrupción y la ineptitud se adueñaron desde hace tiempo de las bases de una de las principales carteras del Estado, impidiendo que la gente pueda acceder a uno de los derechos básicos universales, la salud. Esta entidad, pese a la cantidad de dinero asignada, ni siquiera pudo conseguir un número considerable de vacunas, lo que acrecienta la incertidumbre en todos los ámbitos.
A un año de la vigencia plena de la Ley de Emergencia, lastimosamente no hay mucho que festejar. Salvo honrosas excepciones, Paraguay sigue dominado por la ineficiencia estructural.
