05 nov. 2025

No existen las causales suficientes, afirma abogado

El abogado José Casañas Levi sostuvo que no existen elementos suficientes para decretar estado de excepción en el Departamento de Amambay, tras la fuga de más de 70 prisioneros de la cárcel de Pedro Juan Caballero.

Asimismo, sostuvo que cuando el Congreso se encuentra de receso parlamentario, debe ser el Poder Ejecutivo el que lo promulgue.

Para el letrado, se requiere que exista una grave conmoción en el país que ponga en peligro el funcionamiento de todos los poderes del Estado para que se pueda adoptar dicha medida, según la Carta Magna.

“Las causales tienen que ser muy graves, pero requieren que haya grave conmoción o que sea en peligro inminente el funcionamiento de los órganos. Eso tiene que darse, no puede ser cualquier situación. Yo no creo que exista esa situación. El Congreso o el Poder Ejecutivo pueden declarar. Si hay un receso parlamentario el único órgano que puede declarar eso es el Poder Ejecutivo y no más de 30 días”, señaló.

Indicó que la propuesta de Llano no se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional en cuanto al plazo. Mencionó que dentro del periodo de receso parlamentario solo el Poder Ejecutivo podrá decretar el estado de excepción y por un espacio que no exceda de 30 días.

Los casos. Durante el Gobierno de Fernando Lugo, se declaró dos veces estado de excepción en la zona Norte del país. La medida entró en vigencia el 24 de abril de 2010 en el marco del combate al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que por entonces acechaba con ataques a destacamentos y secuestros continuamente.

Los departamentos en donde rigió el estado de excepción fueron Concepción, Amambay, San Pedro, Alto Paraguay y Presidente Hayes.

Se utilizaron unos 3.500 agentes de seguridad y sin embargo no se consiguió desbaratar al EPP.

La medida duró solo 30 días del máximo de 60 permitido por el artículo 288 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, no se tuvieron los resultados deseados ya que militares y policías tuvieron dificultades para actuar en forma conjunta y hubo roces constantes entre sus líderes.

En una segunda oportunidad, específicamente en octubre del año 2011, se dio el segundo estado de excepción por sesenta días mediante un decreto promulgado por el Ejecutivo que ha dado, a su vez, la autonomía a las fuerzas de seguridad del país (militares y policiales) para combatir al supuesto grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Esta vez, los departamentos afectados fueron los de San Pedro y Concepción.

La medida se adoptó luego del secuestro de Dalia Scappinni.

De hecho, antes de estas dos últimas acciones, la última vez que se declaró estado de excepción en Paraguay fue durante el gobierno del presidente Luis González Macchi en 2002, en el marco de una serie de manifestaciones en su contra que dejaron varios heridos.

El presidente del Congreso Nacional, Blas Llano, presentó un proyecto de ley para declarar a Amambay en estado de excepción por 45 días, alegando que se está viviendo “un clima de inseguridad” en la zona.

El pedido ya comenzó a desatar polémica entre la clase política.