La propuesta legislativa plantea decisiones muy importantes para modificar la desigual e injusta manera en que ha venido funcionando el Estado, en el que algunos sectores acumularon privilegios y beneficios financiados con el dinero público, mientras se relegaba a la ciudadanía en la pobreza y en la falta de servicios dignos en campos como la salud y la educación. Si se aprueba esta ley, ninguna autoridad o funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración mensual es de 37 millones de guaraníes.
Además, el proyecto apunta a eliminar los cuestionados cupos de combustible que proveen de manera indiscriminada a legisladores y funcionarios, el verdadero carnaval de contrataciones que se suelen hacer con los servicios de catering, además del uso discrecional de las líneas de telefonía. También estarán limitados los viajes a cuenta del Estado, que en muchos casos son para hacer turismo, aprovechando invitaciones a algún evento internacional de poca importancia, y permitirá controlar los nombramientos de asesores y parientes en la función pública.
Sin embargo, el punto que plantea cortar toda publicidad estatal en los medios masivos de comunicación y otras formas de expresión audiovisual, además de limitar la información gubernamental con el ciudadano, puede interpretarse como una forma de presión y un castigo al periodismo para evitar las posturas críticas.
Los medios de comunicación social cumplen una función pública muy importante, más aún en tiempos de emergencia o de crisis como la que plantea la pandemia del coronavirus. Para mantener su independencia periodística, los medios se sostienen en gran parte con los ingresos generados por la difusión de avisos publicitarios, que provienen tanto del sector privado como del sector público, lo cual no debe condicionar su línea informativa ni editorial.
Aunque en varios momentos se ha utilizado de mala manera esta relación, con la acción de políticos inescrupulosos que favorecían con publicidad estatal a determinados grupos a cambio de obtener una imagen favorable, han sido los propios medios críticos e independientes los que han investigado y han denunciado estas situaciones, reclamando mecanismos de transparencia a la hora de contratar la difusión de los espacios de comunicación estatal.
Cortar los avisos oficiales, aparte de cortar una importante forma de información desde el Estado hacia los ciudadanos, priva de un importante respaldo económico a los medios, que en medio de la crisis significaría dejar sin oxígeno y sin posibilidades de sustento. Urge modificar este punto. Sacarles un importante respaldo económico a los medios es también una manera de atentar contra la libertad de expresión.