Una institución en la que las irregularidades casi de manera inmediata comenzaron a ser puestas de manifiesto fue el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tras las intervenciones dispuestas por el titular de esa secretaría de Estado, Antonio Barrios, en los hospitales de Ñemby, Luque, Nacional de Itauguá y el Instituto Nacional del Cáncer, informes preliminares revelaron la existencia de planilleros y el pago innecesario de bonificaciones, entre otras anormalidades.
En el primer caso, por ejemplo, se descubrió la existencia de 280 funcionarios que no cumplen funciones específicas en los servicios. En el Hospital Nacional de Itauguá, por su parte, se detectó la contratación de nada menos que 31 radiólogos en un mismo día.
Casi de manera simultánea, se reveló la adquisición de medicamentos vencidos —por aproximadamente 1.000.000 de dólares americanos— en el Instituto Nacional del Cáncer. También se pudo constatar la existencia de abultadas deudas vencidas, retraso en el pago de salarios y otros tipos de falencias, entre las que cabe incluso sospechar la eventual malversación de fondos públicos.
En otro orden de cosas, no dejó de llamar la atención, por ejemplo, la dura acusación formulada por el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, en el sentido de que dos instituciones emblemáticas del Estado paraguayo, Petropar y la INC, “son hoy una vergüenza nacional”, advirtiendo al mismo tiempo sobre las “pésimas condiciones” en que ambas fueron recibidas por el actual Gobierno.
Así las cosas, es de esperar que, con el transcurso de los días, nuevas anomalías salgan a relucir en otros entes públicos. Desde luego, cabe destacar la voluntad de la presente administración política del Estado de transparentar la gestión de las instituciones afectadas a su manejo y responsabilidad. Es plausible que, como se dijo alguna vez, se “destapen las ollas” que evidencian la corrupción en la esfera gubernamental.
Sin embargo, esto por sí solo no alcanza. Es preciso llegar al fondo de la cuestión, es decir, dar con los responsables de las irregularidades, los malos manejos, las malversaciones y los actos deshonestos. Se requiere individualizar a aquellos funcionarios públicos —sean estos de la jerarquía que fueren— que con sus hechos o sus omisiones ordenaron o permitieron que se concretaran situaciones irregulares. Tienen la obligación de dar la cara y de explicarle a la sociedad, a través de los órganos que la representan, si actuaron por sí mismos o siguieron las instrucciones de algún superior jerárquico o cacique político.
Esto es lo que perentoriamente se precisa, para que el Paraguay deje de tener fama de país corrupto y para que salga de los tristes listados que lo ubican como una de las naciones menos transparentes del continente americano. Urge asestar un golpe mortal a la impunidad.