La Unidad Operativa de Contratación (UOC) del Minna adjudicó esta licitación -el 1 de noviembre de 2019- a Servicio Médico Integral Sociedad Anónima (Semei SA), pese a que esta firma no tiene experiencia como prestadora en el sector público.
Además, según se pudo constatar, tiene en su cartera dos sanatorios que carecen de los permisos del Ministerio de Salud Pública (MSP).
“Se constató que el Sanatorio Fernández, de la ciudad de Limpio, y el Sanatorio Nuestra Señora de la Victoria, de la ciudad de Villa Hayes, propuestos por la firma adjudicada para la prestación de servicios de salud y atención sanitaria, no cuentan con la habilitación vigente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Registro de Nacional de Superintendencia de Salud, incumpliendo lo dispuesto en el PBC (Pliego de Bases y Condiciones) y en normas de orden público”, reza parte de la Resolución DNCP 400/20.
Además, en el documento se deja constancia una denuncia formulada por una funcionaria del Minna: Relató que el Sanatorio Adventista, en el distrito de Hohenau (Itapúa) no le reconoció dicho seguro médico, a pesar de que estaba en la cartilla de centros asistenciales del Semei.
Oneroso. El Minna emitió una orden de servicio Nº 457, el 21 de noviembre de 2019, para la prestación del seguro médico y sanatorial integral señalado para un total de 698 funcionarios por un valor unitario de G. 709.000; bastante oneroso para un seguro médico que incurrió en incluir datos falsos en su oferta.
Eso supone que, al mes, le iba a costar al Ministerio un total de G. 494.882.000.
Con la anulación de esta adjudicación, esos documentos quedarán sin valor. El único pago desembolsado por la cartera de Estado tuvo lugar el pasado 24 de enero, cuando transfirió al proveedor G. 188.385.455, según obra en la página web de Contrataciones Públicas.
El monto adjudicado en esta licitación (Nº 369864), que se llevó a cabo mediante la modalidad de subasta a la baja electrónica, asciende a G. 12.251.520.000. La vigencia del contrato -ahora nulo-se firmó por dos años, hasta el 5 de noviembre de 2021. Hernán Sanabria, de la Oficina de Comunicación de la DNCP, explicó que el procedimiento se retrotrae a la etapa de evaluación de ofertas, en un plazo de 20 días.
ÚH intentó hablar sobre el tema con autoridades de Minna y no respondieron la llamada.
Sospechan amaño
“Desde un principio denunciamos que para nosotros era una licitación amañada”, afirmó Rocío Villaba, secretaria general del Sindicato de Funcionarios del Minna. Tomaron nota, mirando los antecedentes, que el prestador Semei en otras licitaciones en que participaron tuvieron. “Ellos tuvieron las mismas observaciones que tuvo acá: No tenían experiencia y ahí vimos que el PBC decía que como mínimo debía tener diez contratos con el Estado. Y no tenía uno”, resaltó. Entienden que al momento de abrir el paquete de oferta “tenía que ser rechazada”. Pero, resultó adjudicada.
