“Los bonos G3, G4, G5 y G6 fueron emitidos por Mario Ferreiro, ninguna obra se ejecutó. Yo recibo una deuda de G. 610.000 millones. En mi administración se paga casi G. 201.000 millones y quedó un saldo de G. 409.283 millones. Ahí viene el rescate con la emisión de bono por G. 195.000 millones”, indicó.
Al respecto, la diputada Johanna Ortega denunció que en el balance 2023 hay una discrepancia de G. 502.177 millones, unos USD 70 millones aproximadamente, entre los fondos reportados y los efectivamente presentes en las cuentas bancarias de la Municipalidad.
El intendente, al ser requerido en el programa, para que muestre el comprobante de que existen los fondos denunciados como faltantes, se excusó con que dará a conocer a la autoridad competente, refiriéndose a la Contraloría General de la República, ente al que recurrieron los opositores para pedir la investigación.
En el programa también estuvo el edil Álvaro Grau (PQ) quien criticó que Nenecho tiene comprometido más del 77% del patrimonio municipal por deudas. Cuestionó que se paga altos intereses por bonos emitidos sin tener ejecución de obras.
Rodríguez justificó como ejecuciones las obras como desagües en cuencas de la calle Rocío Cabriza y avenida Molas López. Grau le recordó que estas fueron con los bonos anteriores, no con el emitido a finales del 2022 por G. 360.000 millones por el que luego de un año y medio recién está en marcha una sola construcción, en la cuenca del Mercado de Abasto.
En medio de las presiones Nenecho mostró fotografías de un funcionario municipal que trabajaría con Grau a quien acusó de planillero. También llevó carpetas y varias “ayuda memoria”, menos el documento que refute el polémico faltante.
Durante el análisis de la ejecución presupuestaria 2023 en la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, concejales denunciaron que la Intendencia solo respondió siete consultas de 22 pedidos de aclaración que realizaron.
Informe. La administración a cargo de Rodríguez tiene pendiente responder una serie de pedidos de informe sobre ejecución de fondos, solicitado tanto por la Contraloría, la Cámara de Diputados y pedidos ciudadanas a través del Portal de Acceso a la Información Pública. La respuesta a estas últimas consultas públicas, cuyos plazos ya se cumplieron fue que “una vez obtenida la respuesta de oficina competente, se procederá a anexar”. En el caso de la Contraloría, la institución solicitó informes tanto a la Junta como a la Intendencia.
A este último se pidieron datos tales como el cronograma de ejecución de bonos, ejecuciones, extractos bancarios y otros. A la Junta se requirió informe de seguimiento de la colocación de Bonos o fundamentar el motivo de la falta de seguimiento.
