Esta tendencia se verifica claramente en varios indicadores oficiales que muestran el estancamiento después de casi 15 años de mejoras sostenidas al inicio de este siglo. Un ejemplo claro fue la pobreza, que manifestó una persistente reducción durante muchos años, pero en los últimos se estancó en alrededor del 25% de la población.
Las mejoras que requiere el país necesitan buenos servicios públicos e inversión privada, entre las principales condiciones. El logro de buenos resultados en estos ámbitos exige, a su vez, estabilidad política y previsibilidad en el marco normativo e institucional.
Las continuas y persistentes señales que se refieren a la inseguridad jurídica y la debilidad institucional para garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley ponen en riesgo las posibilidades de desarrollo. Cualquier tipo de actividad económica se vuelve compleja y con alta probabilidad de fracasar, salvo para aquellos que estén dispuestos a correr el riesgo o a beneficiarse con el caos que se deriva del desorden institucional.
Si se trata de atraer inversiones, crear condiciones para el aumento de la productividad o impulsar emprendimientos, el empresariado que se instala o sobresale no es precisamente el que el país requiere para mejorar su competitividad y su integración al mundo, sino aquel que saca ventaja de las debilidades institucionales integrándose funcionalmente a los mecanismos que permiten actuar al margen de la ley y de la ética. En este contexto no hay cabida para quienes quieren hacer las cosas bien.
El desarrollo del país exige la instalación de empresarios con altos estándares éticos, comprometidos con el cumplimiento de las leyes y con la generación de empleos decentes, dispuestos a agregarle valor a la producción nacional.
Este tipo de empresarios difícilmente tenga interés en invertir sus capitales en un país donde el narcotráfico y los políticos funcionarios públicos corruptos han tendido sus redes a los sectores que deben impartir justicia, crear leyes o implementar políticas que faciliten la actividad productiva lícita.
La inseguridad jurídica contribuye a la precaria situación económica que sufre el país. No tomar conciencia de esta situación es un problema para todos y deja el campo libre para el cada vez mayor poder político de los corruptos. Y constituye uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico y la calidad de vida.
Nadie duda de que la efectiva vigencia del marco jurídico, la previsibilidad normativa y la existencia de un sistema judicial que funcione bien son prerrequisitos para la instalación de emprendimientos económicos y el buen desempeño de estos y de los servicios públicos que requieren el bienestar. La creciente inseguridad jurídica, reflejada en una multiplicidad de formas, ya está impactando negativamente en todos los indicadores económicos y sociales. Las autoridades no pueden mantenerse al margen de esta situación.
El Gobierno debe tomar cartas en el asunto e iniciar acciones para que en el mediano y largo plazo estos personajes nefastos no solo reduzcan su margen de acción, sino que tiendan a desaparecer. Nuestro país no se merece estar en el centro de atención internacional por ser una cueva de delincuentes y menos aún ser un país que no garantiza la más mínima calidad de vida a toda su población.
