Que haya presos políticos es algo que no se entiende. La Justicia exige que todo preso pierda la libertad por un tiempo de acuerdo al hecho delictivo que haya cometido. Pero los derechos humanos bien avisan que nadie debe ir a la cárcel por sus ideas o como excusa para contentar a los poderosos.
En Paraguay existen presos a los que se les ha montado un juicio con sentencia y todo sin haber hecho nada, sino pensar y querer y estar en tratativas con el Indert para conseguir tierras a fin de poder sostener a la familia. Otros por simple parentesco. Otros para buscar chivos expiatorios y contentar así las ganas de venganza del o de la familiar importante de una víctima.
Vamos a fijarnos en presos políticos en Paraguay desde el 15 de junio de 2012. Acusados sin pruebas de Curuguaty en Marina Cué, cuatro hombres con condena en Tacumbú y tres madres en prisión domiciliaria. Añado los seis presos políticos en Tacumbú, condenados sin pruebas de ser instigadores de la muerte de Cecilia Cubas. Y, últimamente, Genaro Meza, de la FNC, por tener el apellido de un miembro del EPP.
Los desalojos han sido muchos más por el número de indígenas y campesinos afectados. Parto del desalojo, masacre de Curuguaty en Marina Cué (2012), los tres desalojos del asentamiento de Guahory (2016), el de Altos (2017), el de San Juan de Puente Kyha (2017). Últimamente (dic. 2017), el de familias indígenas del distrito de Yvytarovara en Canindeyú. Pido ayuda para completarlos con todos sus detalles.
Desgraciadamente, todos estos desalojos han sido realizados con violencia por parte de las fuerzas públicas, ayudados por matones de sus beneficiarios extranjeros.
Queremos una Navidad sin presos políticos y desalojos. Con ellos no hay democracia.