Desde hace más de dos años, el Congreso Nacional viene estudiando el proyecto de modificación de la Ley 4743/12 “Que regula el financiamiento político”, cuyo principal objetivo es aumentar los controles al dinero que ingresa en las campañas políticas, así como también que las internas partidarias rindan cuentas públicamente y a las instituciones de control del Estado.
Mientras el proyecto sigue indefinido, se comprueban nuevos casos que evidencian cómo personas sospechosas financian a los políticos.
La semana pasada, Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, fue detenido e imputado de ser jefe de una banda de narcotraficantes, y el mismo apoyaba al diputado colorado Ulises Quintana, según lo reconoció el propio legislador altoparanaense, después de devolver un vehículo del supuesto narco.
Otros antecedentes señalan cómo personas vinculadas al narcotráfico lograron incluso acceder a cargos públicos, como el caso del ex intendente de Ypejhú Vilmar Neneco Acosta, quien fue condenado a 39 años de prisión por instigar el asesinato del periodista Pablo Medina y de Antonia Almada.
ESCASO CONTROL. La legislación actual data del año 2012 y recién se aplicó a las elecciones municipales del año 2015 y por primera vez a las elecciones generales de este año. Sin embargo, la ley vigente no se aplica a las internas partidarias y los mecanismos de control y monitoreo son débiles, por lo que las agrupaciones políticas finalmente rinden solamente lo que quieren o utilizan recursos para ocultar sus orígenes.
Prueba de esto es que el dinero que supuestamente aportó el ex presidente de la República Horacio Cartes a la campaña del Partido Colorado para las elecciones generales no figura en los documentos de rendición que presentó el titular de la ANR, Pedro Alliana, al TSJE.
Curiosamente fue el propio Alliana el que dijo públicamente, así como otros legisladores del cartismo como la diputada Cristina Villalba, que Cartes había aportado dinero a la campaña y reclamaba que el sector de Añetete no lo dejaba jurar.
EL PROYECTO. El proyecto de modificación de la actual ley que regula el financiamiento político ya fue presentado en julio del 2016 a iniciativa de la propia Justicia Electoral y de diputados del PLRA.
En él se incluye a las internas partidarias como objetos de control de ingresos y gastos por parte del TSJE, y se incorpora además a más órganos para controlar el dinero en las campañas proselitistas.
El proyecto fue modificado varias veces, primero en Diputados y luego en el Senado, dándose diferencias en el aumento de los topes de contribución (5.000 o 7.000 jornales mínimos) y la restricción de los vinculados al narcotráfico y el crimen organizado (acusados o condenados). Diputados se ratificó en su posición y el Senado ahora tiene en sus manos el proyecto.
