Los gobiernos locales son los que han sido electos para gerenciar con eficiencia, transparencia y honestidad el bienestar de sus respectivas comunidades. Detentan el poder ejecutivo para desarrollar sus ciudades, pueblos y distritos permitiendo a sus habitantes alcanzar condiciones de vida de calidad, superando las limitaciones en los diversos órdenes.
En la práctica, sin embargo, en la mayoría de los casos de los 250 municipios existentes, los intendentes llegan al poder únicamente para satisfacer sus ambiciones de gobernar, sacar el máximo provecho económico de su periodo de mandato y aliarse con sectores afines a su mismo propósito de acrecentamiento de sus ingresos.
Salvo para unos pocos, no existe la noción de que intendentes y concejales municipales tienen que estar al servicio de los intereses de la gente dando respuestas eficaces a las problemática de la infraestructura vial, la atención de los locales escolares, el transporte público, la recolección de basura, la recreación y otras situaciones que atañen a la vida cotidiana de las comunidades.
Ningún municipio puede quejarse de falta de fondos. Si hubo una constante en este periodo democrático de 30 años es que, gradualmente, se le fue dotando de recursos económicos para el buen desempeño de sus funciones. Los ingresos por cobro de impuesto inmobiliario y tasas municipales; los desembolsos por royalties de Itaipú y por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) son medios para el avance de las comunidades.
En muchos municipios, sin embargo, el dinero recaudado y el recibido por parte de la Administración Central no se revierten en beneficio de la ciudadanía. Bastará mirar el estado de las calles y puentes, la infraestructura edilicia de escuelas y colegios, el servicio de recolección de basura, el transporte público, las plazas y parques, el control del estacionamiento y otros detalles para darse cuenta de la desidia y la irresponsabilidad reinantes.
Ciudad del Este, San Lorenzo y Concepción son casos que en los últimos meses han cobrado mayor notoriedad a nivel nacional. Las protestas ciudadanas, basadas en sobrados fundamentos, reflejan el grado de descontento de la población y, por otro lado, la conciencia de que las autoridades que se burlan de sus mandantes deben ser cuestionadas y despojadas de su poder por inoperantes y corruptas. Podrá argüirse que los reclamos están motorizados por intereses políticos. Sin embargo, de no existir causas valederas y documentaciones para demostrar las denuncias, el apoyo a las inquietudes carecerá de la fuerza necesaria para intentar revertir las situaciones dadas.
De cuanto va apareciendo en el escenario de la vida de los municipios habrá que sacar una conclusión con miras a los comicios municipales que se vienen: los incapaces de cumplir sus promesas de servir a sus comunidades con honestidad, transparencia y sentido de compromiso no merecen gobernar ninguna comunidad. Y si algunos pasan la barrera de las urnas, engaño mediante, la ciudadanía tiene en manos las herramientas para desalojarlos del poder.
