Resulta llamativo que hasta el momento, en más de dos años, las investigaciones contra el ex presidente Horacio Cartes no avanzaron, al contrario de las carpetas fiscales de sus adversarios políticos.
El ahora juez Osmar Legal fue uno de los que investigó la denuncia del ex ministro Arnaldo Giuzzio contra HC, junto con la fiscala Liliana Alcaraz.
Sin embargo, el resultado fue una imputación contra el ex ministro denunciante, Giuzzio, por una supuesta coima que ahora espera juicio oral y público, ya que la resolución fue apelada por la defensa.
ASCENSOS. No obstante, al asumir el presidente, Santiago Peña, considerado por la oposición como delfín de Cartes, nombró a Liliana Alcaraz -que investigaba a su mentor HC- como ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Y no solo quedó ahí, ella proporcionó el informe clave para la imputación contra el ex presidente Mario Abdo Benítez, y los demás ex ministros, entre ellos, el ya imputado Arnaldo Giuzzio.
Además, Peña nombró a la ex ministra de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, como miembro del Consejo de la Magistratura, pese a que el antecesor, Enrique Kronawetter, planteó una acción de inconstitucionalidad contra su remoción, la que aún ni la admisibilidad ha sorteado en la Corte.
La primera acción de Alicia Pucheta, en el CM, fue integrar la terna para juez de Crimen Organizado, con el fiscal Osmar Legal, quien tenía la responsabilidad de investigar a Cartes, y quien imputó a Arnaldo Giuzzio. Al final, Legal, criticado por la oposición por aparecer en los audios del Jurado de Enjuiciamiento, y la casi nula investigación contra Cartes, fue nombrado como juez de Crimen Organizado.
MARITO. Además, la pesquisa contra Mario Abdo Benítez y sus ex ministros, por la denuncia del abogado Pedro Ovelar, representante de HC, era investigada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Aldo Cantero y Daniela Benítez.
De ellos, Estigarribia fue nombrado juez de Delitos Económicos, ingresando en la causa su colega Giovani Grisetti, hijo de la ex asesora durante la presidencia de Horacio Cartes, Ramona Elva Valiente de Grisetti.
Según las defensas, la investigación se llevó a sus espaldas, ya que nunca pudieron acceder a las copias de la carpeta fiscal. Es más, en enero pasado, en Atención Permanente, se autorizó judicialmente el cotejo de los correos de los funcionarios de la Seprelad, algo ignorado.
La imputación contra el ex presidente Mario Abdo Benítez y varios miembros de su gabinete, por las denuncias de Horacio Cartes, se realizó en siete meses, en un escrito de sesenta páginas, cuando que la pesquisa contra Horacio Cartes es “muy compleja”, según el fiscal general, pese a que pasaron más de tres años.
Incluso, tras la imputación, Ovelar señaló que los periodistas iban a ser llamados para “rendir cuentas”, lo que motivó las manifestaciones de la oposición y del gremio de los comunicadores. Al final, el presidente Santiago Peña se desmarcó en sus redes sociales, apuntando que apoya la libertad de prensa.
CHATS. La cuestión subió de tono cuando el diario ABC Color publicó los supuestos chats entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero, donde desarrollaban conversaciones muy amenas y hasta coordinaba el abogado las diligencias a realizar en la carpeta fiscal contra Marito.
Esto fue negado por Ovelar, pero se opuso a entregar su teléfono para probarlo. Por su parte, Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y la fiscala adjunta, Patricia Rivarola, fueron apartados de la pesquisas por el fiscal general Emiliano Rolón.
Fueron nombrados los fiscales Antidrogas Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria, quienes ya pidieron su vinculación al expediente.
Sobre Aldo Cantero y Grisetti, se ordenó un sumario, aunque solo administrativo, lo que fue denunciado por las defensas. Es más, el fiscal supuestamente involucrado, según Abc Color, ya cambió de celular, lo que crea dudas, porque si eran falsos los chats, no podrán ser constatados.
Por el lado del Poder Judicial, la jueza Cynthia Lovera, admitió parcialmente la imputación contra los ex ministros y comunicó al Congreso la causa formada contra el ex presidente Abdo y el diputado Mauricio Espínola.
Todas estas movidas de los fiscales en ambos casos solo alimentan las dudas sobre que está detrás la mano del ex presidente Cartes.
Esta semana, el Congreso tratará el desafuero, a lo que se oponen los pocos anticartistas que van quedando.
