EFE
SÃO PAULO - BRASIL
Al menos 26 presos fueron brutalmente asesinados, algunos de ellos decapitados y desmembrados, durante un enfrentamiento entre grupos criminales en una cárcel de Natal, nordeste de Brasil, que fue controlado por las autoridades ayer domingo tras 14 horas de violencia.
“Fueron verificados 26 muertos”, confirmó en horas de la noche Caio Bezerra, el secretario de Seguridad Pública del estado de Río Grande do Norte, en una rueda de prensa.
Este es el tercer gran motín del año en prisiones de Brasil en el marco de una sangrienta guerra entre grupos criminales por el control del narcotráfico en el país, que ya dejó más de 100 muertos en menos de 15 días.
cidh pide acciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves al Gobierno de Brasil acciones concretas contra la violencia en sus cárceles, tras la muerte de más de un centenar de personas en sucesos ocurridos en centros de detención de los estados de Amazonas y Roraima y Paraiba.
La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío esta semana de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que solicitasen el apoyo federal.
La presidenta del Tribunal Supremo, Carmen Lucía Antunes, pidió también el jueves durante un encuentro con los titulares de los tribunales regionales un esfuerzo concentrado a los estados del país para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos.
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció el mismo jueves que el mayor problema de las cárceles del país es la corrupción.
El Gobierno se comprometió con un presupuesto de 135 millones de dólares a instalar dos escáneres en todas las cárceles y a construir 5 prisiones federales, con el objeto de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales. Justo esta semana, el secretario de Justicia y Ciudadanía de Río Grande do Norte, Wallber Virgolino, denunció que los estados hacen acuerdos con los presos para evitar rebeliones.
Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) señalaron que 65% de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas.