El procurador general de la República, Nelson Mora, asegura que sobre el préstamo español –hecho en el marco de la licitación– hubo cuestionamientos por parte de la Contraloría. “El mismo contralor había denunciado hechos de supuesta corrupción en el uso del préstamo. Cuando llegó este gobierno finalmente se vetó y quedó ahí. A consecuencia, la empresa española nos demandó ante el tribunal internacional”, explica el alto funcionario.
Aclara que el Gobierno va a presentar una demanda de nulidad del fallo arbitral ante los tribunales paraguayos y recordó que está vigente una medida cautelar dictada por la Justicia de nuestro país, a través de la cual dispone la suspensión del trámite de ejecución de ese fallo.
“Todavía no se pudo notificar, porque hubo un problema en la individualización del domicilio de la empresa, del apoderado en este caso. Estamos tratando de certificar esa dirección, porque había una que fue denunciada al momento de la demanda en París y otra en el contrato”, señala Mora.
MULTA. El procurador explica que, en el marco del derecho, lo que se puede hacer es pleno, por lo tanto no se puede hablar que haya arbitrariedad de ninguna de las partes, ya que todo se está llevando adelante dentro de un marco estrictamente técnico-jurídico. “Si mañana la Justicia paraguaya decide que finalmente el Estado paraguayo debe abonar la multa que se le impuso por el no cumplimiento de los términos de un contrato, es legal, porque finalmente salió una ley para avalar ese contrato y se tendrá que pagar”, explica.
Finalmente, Mora añade que no se debe olvidar que en épocas anteriores, los gobiernos se pasaron contratando préstamos muy gravosos para el patrimonio del Estado. “No creo que en este caso se pueda hablar de inseguridad jurídica cuando se está haciendo en un marco estrictamente legal y dentro del principio de bilateralidad”, concluyó.