Durante el acto de asunción del nuevo gobernador de Presidente Hayes, Rubén Antonio Rousillón Blaires, el pasado 15 de agosto, una joven estudiante secundaria, mejor alumna del Complejo Educativo NUR de Villa Hayes, se levantó de su asiento y cuestionó al nuevo mandatario departamental, acusándolo de “ladrón”, recordándole que se encuentra imputado por la Fiscalía por el supuesto desvío de recursos para ayudas sociales, diciéndole además que él no debería estar allí sino en la cárcel. La misma también interpeló a la esposa del gobernador, Nancy Núñez de Rousillón, también investigada por la Justicia.
La actitud de la joven estudiante fue reprobada por los directivos del complejo educativo privado, quienes han comunicado a los padres de la alumna que ella debía dejar de asistir a clases por haber violado el reglamento interno de la institución. El director del colegio, Julio Duré, aseveró que la joven incurrió en una falta de “agresión verbal” contra el nuevo gobernador y que por ello se le había aplicado la sanción.
Lo cierto es que el actual gobernador, Rubén Antonio Rousillón Blaires, fue imputado por el fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera en una causa de desvío de dinero en la Gobernación de Presidente Hayes durante la administración del entonces gobernador Óscar Venancio Núñez, integrante del llamado “clan Núñez”, que maneja desde hace varios años los hilos del poder en la región. Uno de sus principales miembros, Basilio Núñez, fue ministro asesor del anterior presidente, Horacio Cartes. Óscar Venancio Núñez, Antonio Rousillón y otros 39 acusados fueron imputados por el fiscal Cabrera por un perjuicio de G. 30.000 millones a la Gobernación de Pdte. Hayes.
En lugar de respaldar la actitud cívica de la joven estudiante, los directivos del Complejo Educativo NUR de Villa Hayes han preferido castigarla y reprimirla por ejercer derechos constitucionales y derechos humanos universales como la libertad de expresión y la libre crítica a las autoridades. De ese modo, revelan que el modelo de educación que propugnan es el mismo modelo que imperaba durante la dictadura stronista, que pretendía tener ciudadanos sometidos, atemorizados, acríticos o cómplices de los hechos irregulares o delictivos cometidos por quienes gobiernan.
Resulta oportuna la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la supervisión zonal y la asesoría jurídica de la coordinación departamental de Presidente Hayes, que dispusieron investigar lo ocurrido. También es destacable la actitud de la viceministra de Educación, Nancy Ovelar, quien condenó la actitud de los directivos del complejo educativo, sosteniendo que son “rémoras del pasado” que aún afectan a la escuela y la sociedad, asegurando que “está mal que desde una institución educativa se reprima la libertad de expresión”.
Esperemos que desde el MEC se insista en corregir la actitud de los educadores y se arbitren los mecanismos para que este modelo de educación pueda ser cambiado con urgencia.