Según los detalles que ofrecieron hoy sus miembros en una rueda de prensa en Ginebra, de los más de 200 venezolanos detenidos arbitrariamente -sea por caer en alguna de las categorías que el Gobierno juzga como opositores o por su simple participación en una manifestación- hay 43 cuyas vidas están en peligro por las condiciones que sufren.
Solo en la primer mitad de este mes se pudo documentar la detención de catorce personas, dijo la presidenta de la Misión, la portuguesa Marta Valiñas, una jurista especializada en derechos humanos.
La experta argentina Patricia Tappatá precisó que también se ha investigado la detención en el último año de entre 120 y 150 extranjeros, a los que las autoridades de Venezuela han acusado principalmente de ser mercenarios y entre los cuales ha podido documentar 84 casos de ciudadanos de treinta países, incluyendo varios estadounidenses y veinte españoles (16 de ellos con doble nacionalidad).
En una mayoría de casos los detenidos son puesto bajo régimen de incomunicación y sufren la negación de la asistencia legal y consular o graves trabas para recibirla.
Tappatá dijo que se ha observado que uno de los motivos centrales para la detención de extranjeros es “extorsionar” y ejercer presión sobre sus gobiernos.
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“Estamos viendo la profundización... la agudización de la represión en su faceta más dura, con nuevos elementos de hostigamiento contra individuos, familias y países, y que no son casos esporádicos”, sostuvo.
Por otra parte, el comisionado Francisco Cox, un jurista chileno, animó en la misma rueda de prensa a que se pongan en movimiento los mecanismos jurisdiccionales internacionales para hacer justicia a las víctimas en Venezuela.
Precisó que para ello están la jurisdicción internacional, como la que ha invocado más de una vez Argentina para jugar crímenes de lesa humanidad cometidos por alguien de nacionalidad distinta a la argentina y en otro territorio; así como la Corte Penal Internacional, aunque consideró que esta última está tomando demasiado tiempo para actuar en el caso de Venezuela.
A una pregunta sobre los ataques de Estados Unidos con misiles contra embarcaciones que salen de Venezuela y que el presidente Donald Trump afirma que llevan drogas, Cox señaló que “no se pueden usar acciones de una tercera parte para justificar torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos o cualquiera de las otras violaciones que hemos documentados que están ocurriendo ahora mismo en Venezuela”.
En su informe al Consejo de Derechos Humanos, la Misión también confirma la detención de 220 niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas electorales, cuatro de ellos siguen todavía privados de libertad.
Fuente: EFE
