La Cámara de Diputados trata mañana un proyecto de resolución que cita a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, para una interpelación.
El objetivo es aclarar las interrogantes que genera su administración al frente de esta cartera de Estado. Según el escrito, referentes de los sectores empresarial, trabajador, abogados y otros gremios desaprueban sus acciones como secretaria estatal.
El documento también señala que Bacigalupo es incompetente para el cargo y cita cuestionamientos como que convirtió el ministerio en un espacio político partidario, irregularidades en suspensiones de trabajo durante la pandemia, reducción de salarios, adquisición de alimentos para personas por un valor total de G. 188.867.400 pese a la suspensión de actividades, entre otras.
La ministra deberá responder también qué planes tiene para adecuarse a los nuevos modelos de trabajo de microempresas.
La iniciativa proviene de los diputados del PLRA Eusebio Alvarenga, Celeste Amarilla, Carlos Silva, Édgar Acosta, Marcelo Salinas, Sergio Rojas, Teófilo Espínola, Celso Kennedy, Enrique Mineur, Jorge Ávalos Mariño y Carlos López; del PPQ, Sebastián García y Sebastián Villarejo, y del PEN, Kattya González y Norma Camacho.
Esto se suma al proyecto de resolución que considera insatisfactorias las respuestas del ministro de Educación, Eduardo Petta, y emite un voto de censura en su contra, que fue aprobado y remitido por la Cámara de Senadores, que pidió su destitución.
El argumento fue que su desempeño fue ineficiente durante la crisis al igual que sus políticas como el condicionamiento de kits de alimentos a cambio de entregar las tareas.
Otras autoridades que recibieron el reproche ciudadano, pero, en estos casos, terminaron imputados por la Fiscalía y debieron abandonar sus cargos, fueron la ex presidenta de Petropar Patricia Samudio y el ex director de la Dinac Édgar Melgarejo.
Samudio fue imputada junto con otras 21 personas por el caso de presuntas irregularidades y sobrefacturaciones en la compra de tapabocas y agua tónica, en el marco de la pandemia del coronavirus.
El hecho por el que es procesada es lesión de confianza, mientras que los demás funcionarios, por complicidad.
Melgarejo fue imputado también por lesión de confianza tras ser vinculado en una adquisición de 4.000 mascarillas a G. 29.990 cada una. Luego de denunciarse el caso por parte de un grupo de diputados, se abrió una investigación penal basada en la sospecha de una sobrefacturación.
SALVADO. El Ministerio de Salud Pública también se vio envuelto en gravísimas denuncias de corrupción en las compras de insumos, equipos y camas. Pero el ministro Julio Mazzoleni hasta ahora no fue vinculado con los hechos, aunque muchos referentes reclamaron que sea eximido de su responsabilidad.
Varios diputados pidieron que el secretario de Estado aclare la situación y evite dar protección a los funcionarios responsables.
La diputada liberal Celeste Amarilla dijo que, si es necesario, debe darse la salida del ministro.
