Lo hizo público este jueves a las 10.00, aproximadamente. Presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia que devela un esquema millonario de defraudación relacionada a una empresa proveedora de productos cárnicos, conocida como Samal SRL.
Según el funcionario de Estado, tal empresa intentaba cobrar por provisiones fantasmas mediante la duplicación y falsificación de notas de remisión. La situación toma mayor cuerpo cuando el proveedor también abastece a otras instituciones del Estado.
Se trata de una denuncia por intento de estafa de parte de la proveedora en cuestión, que presentó al menos nueve órdenes de compras, presumiblemente falsificadas, que afectan directamente al Ministerio de Justicia, sostuvo Martínez.
La denuncia penal es por hechos punibles de estafa en grado de tentativa, producción de documentos no auténticos, producción de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso.
“Es aparentemente un modus operandi que afecta no solo al Ministerio de Justicia, sino que la situación toma mayor cuerpo cuando el proveedor también abastece a otras instituciones públicas”, refirió en conferencia de prensa.
Comentó, además, que la ejecución del contrato será revisada minuciosamente de todo lo que proveyó la empresa, aunque no descartan que, efectivamente, se trate de una red que opera de forma ilegal en sus procesos con varias instituciones del Gobierno.
El pasado 17 de julio funcionarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Justicia detectaron órdenes de compra de productos cárnicos, con formato y firmas sospechosas, que diferían de los originales a las que elabora el sistema interno de la institución, informaron desde el Ministerio de Justicia.
La firma, representada por el empresario Rodolfo Amin Yambay, tenía la intención de efectivizar un cobro indebido por el monto de G. 233.711.640.
El contrato de adjudicación a la empresa para la provisión de productos cárnicos a las penitenciarías del país fue firmado por la titular de la anterior administración del Ministerio de Justicia, por un monto total de G. 5.220.667.740..
