Al ser consultado sobre el ascenso que otorgó a su nuera, María Celaida Núñez López, que pasó de ganar G. 3 millones como dactilógrafa a percibir G. 22 millones como directora general del ente, Esquivel mostró un dictamen que pidió a la Contraloría General de la República (CGR) que supuestamente le dice que todo el procedimiento fue legal.
Planilleros. El defensor general, quien asumió recientemente en el cargo, habló de la necesidad de contar con más recursos para la institución y señaló varias deficiencias, entre funcionarios planilleros y alquileres costosos en lugares que no corresponden.
“Tenemos una partida de contratos que vencen este 30 de julio... algunos no se han portado bien... les voy a dar una lista para que ustedes evalúen que estamos analizando caso por caso. Hay gente que tiene 85 ausencias (en lo que va del año)”, manifestó el ministro. En total, son 653 los contratos que vencen, de los cuales 115 fueron renovados.
Dijo que el pedido de ampliación presupuestaria de G. 20.000 millones es para poder llegar a diciembre, ya que cuentan con vehículos en muy mal estado, 91 en total de los cuales el 40% tiene más de 10 años, y no tienen servicio de mantenimiento.
Detalló que tienen 7 locales propios y 57 sedes que alquilan, entre ellos, uno ubicado en el eje corporativo, lo cual consideró un despropósito para la ciudadanía.
También cuestionó que los defensores públicos ganen menos que los directores de la institución, pero dijo que no puede reducir los salarios por trabas legales.