Ya sin tarea dentro de la Contraloría General de la República, Analy Valiente, esposa del ex senador liberal Dionisio Amarilla, fue comisionada al Ministerio de la Defensa Pública por solicitud de la ministra Lorena Segovia, quien asumió en mayo pasado tras un acuerdo abdollanocartista.
“Ella es una funcionaria de más de 15 años en el Estado y en la Contraloría está desde el 2015”, explicó Segovia.
Valiente sigue siendo parte de la Contraloría que continuará pagando su mismo salario de G. 13 millones y solo cumplirá funciones en la Defensoría como asistente dentro de la Asesoría Técnica de Administración General del Ministerio.
La ministra comentó que si bien el anexo de funcionarios está completo, necesita profesionales que tengan la capacidad, la experiencia y el talento para la reestructuración administrativa.
Manifestó que conoce hace mucho tiempo a Valiente y que en su momento incluso le hizo consultas sobre el presupuesto de la cartera.
“La semana pasada se comunicó conmigo y me dijo que estaba pasando por una situación laboral por la que se sentía en un ambiente en el cual ya no podía dar de sí. Reflexioné y tuve que evaluar la necesidad que tengo o no de su trabajo. Y yo necesito personas de nivel superior con conocimiento”, señaló.
Aclaró también que no tiene a disposición direcciones ni jefaturas, así que le otorgó un cargo de asistente.
“Es una persona que tiene capacidad y tiene talento, el problema no es ella, es su esposo, y su esposo ya tiene una sanción, consideró que esa situación no le puede traspasar a ninguno de sus familiares, la Constitución garantiza eso y consideró que ella no puede ser estigmatizada”, apuntó.
Negó que esta pagando un favor político o que haya recibido órdenes desde el oficialismo para dar un puesto a la esposa de Amarilla. “Es un ser humano que necesita”, precisó.
Analy Valiente había perdido el cargo de directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría por orden del nuevo contralor Camilo Benítez, quién asumió tras la renuncia del anterior, Enrique García, quien la contrató.
Tanto García como Valiente fueron acusados de blindar la declaración de bienes del ex senador llanista, quien perdió su investidura, sospechado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia.
Sin embargo, Benítez también alega que no está en sus manos revelar los bienes del ex legislador, ya que se expone a una causal de juicio político. Explicó que esto se debe a que existen dos leyes que regulan la materia y que se contraponen, la de Declaración Jurada y la de Acceso a la Información Pública, por lo que la Corte la que debe decidir, ya que una prohíbe su publicación y otra establece que sean liberadas.
