La iniciativa implica la delegación de funciones al Ejecutivo en virtud de la declaración de “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, indica el proyecto.
El denominado proyecto de ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei.
MARCHA. La marcha de este miércoles fue convocada por las principales centrales obreras. Miles de personas se concentraron frente al Palacio de Tribunales en Buenos Aires para pedir que se declare inconstitucional el decreto publicado la semana pasada para reformar o derogar más de 300 normas impulsadas por el Gobierno.
“No cuestionamos la legitimidad del presidente Milei, pero queremos que respete la división de poderes. Los trabajadores tienen la necesidad de defender sus derechos cuando hay una inconstitucionalidad”, dijo a la prensa Gerardo Martínez, secretario general del sindicato de la construcción.
Esa iniciativa entrará en vigor mañana, en el marco de un fuerte ajuste fiscal que ya implicó una devaluación del peso de más de 50%.
La manifestación se desarrolló pacíficamente hasta pasado el mediodía, cuando un grupo de personas tuvo pequeños altercados con policías que intentaban impedir que cerraran una calle. Siete manifestantes fueron detenidos, según la prensa.
LEY ÓMNIBUS. El ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó en el parlamento un proyecto de “ley ómnibus”, que incluye una reforma del sistema electoral y del régimen impositivo, además de permitir la privatización de las empresas públicas, entre otras medidas.
“Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, escribió Milei en su cuenta de X al anunciar el proyecto legislativo que completa su decreto.
El Congreso abrió el martes sesiones extraordinarias para tratar estas leyes. Milei, que asumió el 10 de diciembre con la promesa de reducir el gasto del Estado, ya anunció que no renovará los contratos de 7.000 empleados públicos.
El mandatario aspira a que el ajuste del gasto público llegue al equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB). El Congreso puede invalidar el decreto, pero es un trámite que tomaría varios meses.
El proyecto de ley presentado incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar empresas públicas.
