Después de haber cruzado miles de kilómetros y haber sorteado el peligro de los carteles, soportado hambre y atravesado algunos la hostil selva del Darién (en la frontera entre Colombia y Panamá), los migrantes se enfrentan a una decisión: esperar en México o arriesgarse a cruzar de manera irregular.
NORMA SANITARIA. Con la norma sanitaria en pie, entregarse a la Patrulla Fronteriza deja de ser una opción inmediata para muchos migrantes que son expulsados como parte de acuerdos entre el gobierno mexicano y el estadounidense.
El Título 42 que entró en vigor durante el mandato de Donald Trump (2017-2021) y con la excusa de la pandemia, se mantiene en vigor después de una medida cautelar del Supremo, evita que las personas de países como Venezuela o los del llamado Triángulo Norte de Centroamérica puedan solicitar asilo en EEUU. Desesperados, algunos deciden arriesgarse, buscando un hueco o una compuerta abierta en el muro fronterizo o bien pagando a coyotes sumas de hasta 1.000 dólares para que los guíen a través de caminos clandestinos.
Con sus dos hijos, uno de 3 y otros de 6 años, y junto a otra migrante que conoció en México, Samira (nombre ficticio para ocultar su identidad) saltó el muro fronterizo hace varios días y llegó a la ciudad de El Paso, en Texas.
“Lo hice por ellos”, contó la salvadoreña a EFE, mientras esperaba sentada en la acera con su hijo más pequeño en brazos, a las puertas de uno de los varios albergues en la ciudad fronteriza que da refugio a los migrantes.
Samira ya había intentado cruzar antes a EEUU, hace un mes, cuando se entregó a la Patrulla Fronteriza con la intención de pedir asilo, pero fue deportada de vuelta a México. El Título 42 que fue mantenido por la actual administración de Joe Biden, no ha disminuido el número de aumentos de migrantes en la frontera, que han alcanzado cifras récord en los últimos meses. Sin embargo, estas cifras han estado infladas por la cantidad de personas que, como Samira, cruzan la frontera más de una vez después de ser expulsadas.
Entre 2020 y 2021 se llevaron a cabo más de 1,8 millones de devoluciones de migrantes bajo el Título 42, aunque más de la mitad fueron personas que ya habían sido detenidas y expulsadas a México anteriormente.