La Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC) fue creada por el Poder Ejecutivo para superar las limitaciones de las acciones aisladas, a fin de enfrentar exitosamente el flagelo del comercio fronterizo ilegal.
Su propósito es sumar capacidades, conocimientos y personal para que se cubra mayor espacio y se logren resultados más contundentes.
El organismo está liderado por el MIC y lo integran la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave).
El artículo segundo del Decreto 622/13 determina que “la Unidad Interinstitucional tiene por objeto coordinar, armonizar y organizar todas las acciones de las instituciones u organismos involucrados, tendientes a la prevención, combate y represión del contrabando”.
A pesar de las buenas intenciones del mecanismo de cooperación conjunta, los resultados no han sido los esperados. Es lo que refleja la posición de 12 gremios empresariales, que reclamaron al Gobierno mayor eficiencia en la tarea represiva, puesto que su movimiento económico ha mermado hasta en un 50 por ciento en algunos casos.
Una de las causas del fracaso es la desavenencia entre el MIC –a cuyo cargo está la coordinación de la Unidad Interinstitucional Anticontrabando– y Aduanas. El fuego cruzado entre ambos revela que el objetivo de “armonizar y organizar todas las acciones” que apunten a disminuir los índices de incidencia del tráfico irregular de mercaderías en las fronteras es, por ahora, de cumplimiento imposible.
Al dar a conocer a la opinión pública un video en el que se ve a funcionarios de Aduanas haciendo la vista gorda mientras van entrando sin pagar impuestos al país mercaderías diversas, el MIC está culpando del fracaso a la DNA. Esa acusación se refuerza en la presentación que el MIC hizo ante la Fiscalía para que investigue el ingreso de más de 40 vehículos de alta gama fabricados este año y entrados al país con certificados de origen falsificados provenientes del Brasil.
La DNA, en tanto, salió al frente al acusar al MIC de no contribuir a prevenir los delitos utilizando correctamente el sistema de monitoreo de los puestos aduaneros, y entorpecer investigaciones acerca de los rodados que ingresaron de manera irregular.
Más allá de la apetencia de poder que pudiera haber en torno a la DNA, tanto esta como el MIC deben comprender –y actuar en consecuencia– que la obligación de ambas instituciones es trabajar en armonía combatiendo con eficiencia el contrabando. El camino de la recomposición de las relaciones es el diálogo a partir del principio de que la prioridad es el interés del país. Nada debiera estar encima de esto.