John Trevor era un galés bizco y de aspecto extraño que supo escalar en la escena política tory -conservadores proabsolutismo- de una de las épocas más importantes de la historia británica: gran parte del siglo XVII y principios del XVIII. Se acercó a la Corte de Carlos II y a los círculos parlamentarios, luego sirvió como máxima autoridad de la justicia civil y titular de la Cámara Baja durante el reinado de Jacobo II y, cuando cayó en desgracia con el ascenso de los whigs -liberales- junto a Guillermo III, logró regresar y supo sortear la adversidad hasta recuperar ambos cargos. Cuando llevaba el sexto año de su segundo mandato como presidente de los Comunes, fue hallado culpable de haber aceptado un soborno de nada menos que el municipio de Londres, con el fin de que se aprobase una ley. El monto en cuestión fue de 1.000 guineas, el equivalente actual a unos 2.6 millones de dólares. Se vio obligado a renunciar al cargo parlamentario y a su condición de legislador, aunque se le permitió quedarse con el dinero. Era el año 1695. Conservó hasta su muerte, en 1717, la alta oficina judicial que ocupaba, habiendo sobrevivido al propio rey Guillermo, a la reina Ana y hasta la llegada de los Hanover, ascendentes de los actuales Windsor, con Jorge I.
Tuvieron que pasar 314 años para que un Speaker of the House debiera abandonar el puesto. Todo gracias a una investigación periodística. Ocurre que algunos parlamentarios británicos no consideraban suficiente su salario anual de unos 110 mil dólares, además de las expensas por alimentos, viajes, oficinas y otros rubros, como el de mantener un segundo hogar; uno en su distrito electoral, otro en la capital. Por lo que empezaron a inventar gastos adicionales, viajes, maniobras financieras con esas asignaciones extras, especialmente los de la casa adicional. Algunos pillos vivían en ciudades aledañas, pero exigían la compensación. Miembros de prácticamente todos los partidos estuvieron involucrados, hasta los del norirlandés separatista Sinn Féin, que tienen como política el abstencionismo -no asisten al Parlamento-.
Desde 2007 se venían publicando en algunos diarios informaciones de malversación de fondos públicos por parte de parlamentarios e integrantes del gabinete, aunque desde el año 2000 algunos periodistas venían haciendo solicitudes oficiales de liberación de datos relacionados a los legisladores, cosa que se logró recién este año, más como maniobra política, debido al pésimo momento por el que pasa el gobernante laborismo que como muestra de apertura. Se suponía que el 1 de julio se publicarían íntegramente las expensas de todos los legisladores, pero el Daily Telegraph consiguió una copia que empezó a publicar en series desde principios de mayo. El diario se negó a citar si pagó y, en ese caso, cuánto, por la información. La Cámara pidió una investigación a la policía y esta se negó a hacerlo. A partir de allí, muchos fueron expulsados de sus partidos y no podrán ser reelectos, además, fueron obligados a devolver los fondos. Una nueva serie de leyes limitará y pondrá rígidos controles a los gastos parlamentarios.
El escocés y laborista Michael Martin ocupaba la presidencia de los Comunes desde el 2000, cuando surgió el escándalo y él se mostró más preocupado por descubrir cómo se filtró la información que cómo solucionar la situación. Fue obligado a renunciar, para lo cual se le nombró Mayoral y Alguacil del Señorío de Northstead, pomposo cargo creado para los que son expulsados, debido a que no tienen permitido abandonar su banca. Sus ex pares votaron por mayoría para elevarlo a la Cámara de los Lores -que tiene menos atribuciones que la otra-.
También podemos hablar de cómo fueron electas las autoridades de las mesas directivas de nuestro Congreso...