Así figura en un documento difundido hoy tras una reunión que mantuvieron en Nueva York representantes del Gobierno de México y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y que resume los compromisos asumidos por las autoridades mexicanas.
Esas recomendaciones surgieron a raíz de una visita a México que hizo en octubre de 2015 el alto comisionado, Zeid Ra’ad al Husein, y que fueron recogidas en un texto redactado en marzo y que también hoy se difunde por primera vez.
Las recomendaciones de la ONU sugieren una serie de pasos para luchar contra la “impunidad imperante” en México, entre otros temas, incluyendo reformas legales e institucionales con el fin de crear un esquema que garantice los derechos humanos en el país.
La respuesta de México toma nota de todas esas recomendaciones, aporta detalles de las instituciones del país y aclara que, en algunos casos, depende de decisiones de otros poderes federales o de las autoridades de cada Estado.
“En general, las recomendaciones formuladas serán consideradas y atendidas”, dice la respuesta de México.
“El carácter federal de nuestro país implica que el seguimiento corresponderá a actores más allá del poder ejecutivo, si bien en general las recomendaciones se aprecian constructivas y, en general, atendibles”.
Al detallar cada recomendación, el Gobierno de México considera que “no es factible considerar mayores modificaciones” al Código de Justicia Militar para que la justicia civil pueda conocer casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
No obstante, recuerda que hay un marco jurídico “suficiente y reforzado” para tratar esos casos y cualquier decisión de los tribunales castrenses sobre violaciones de derechos humanos cometidas por militares puede ser revisada y recurrida en la justicia ordinaria.
El Gobierno de México también dice que “analizará” una recomendación de la ONU para adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza de parte de los funcionarios y destaca que ya existen “lineamientos” que lo regulan en el actual marco.
Califica como “muy interesantes” una propuesta de la ONU para crear un registro unificado de detenciones y otra para crear una institución forense autónoma e independiente, aunque en este sentido aclara que es algo que debe ser consultado con los estados.
Entre las recomendaciones de la ONU figura la necesidad de crear un consejo asesor de expertos para impulsar reformas “que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país”.
México dice que esa recomendación “podría atenderse”, pero recuerda que el país cuenta ya con “instituciones autónomas que promueven y defienden los derechos humanos”.
El Gobierno coincide con la ONU en la necesidad de realizar una investigación adecuada de violaciones graves de derechos humanos y recuerda que existe una Subprocuraduría especial que se dedica a estos temas.
Las autoridades mexicanas también se comprometen a continuar sus consultas para ratificar una serie de convenios internacionales sobre derechos humanos y coincide con la recomendación de la ONU para fijar leyes contra la tortura y desapariciones.
“México tiene el compromiso firme de prevenir y sancionar la comisión de actos de tortura y la desaparición forzada con miras a erradicar esos delitos”, dice el Gobierno en la respuesta hecha llegar a la ONU y que ha sido difundida hoy.
En la reunión que precedió a la publicación de estos documentos participaron dos subsecretarios del Gobierno mexicano y un subprocurador y, de parte de la ONU, el representante en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos, Jan Jarab.
