“Mota Engil puede demandar si no está de acuerdo con la terminación y sus motivaciones”, resaltó el alto funcionario. En otro momento, enfatizó: “Estamos acostumbrados a lidiar con monstruos y no vamos a permitir que el Estado asuma responsabilidades que no tiene”.
Asimismo, Coscia señaló que en 14 días (plazo que corre desde el jueves pasado) el contrato con Mota ya estará totalmente terminado. “La terminación del contrato se hace efectiva al concluir el plazo del aviso, que es de 14 días contados desde la notificación”, resaltó.
En cuanto al arbitraje que solicitó la compañía portuguesa, agregó que ahora “la empresa debe analizar qué hará”, dando a entender que la historia ya está cerrada para el MOPC.
Ante la consulta de por qué tardaron tanto para la finalización del contrato con Mota, dijo: “No cualquier incumplimiento permite una terminación del contrato” y que “en este momento se dio un incumplimiento que ameritaba tomar esa decisión”.
El procurador se refirió concretamente al incumplimiento de la empresa europea, que se negó a prorrogar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, justamente por considerar arbitraria la interpretación del MOPC, que exigió la renovación de dicha póliza con 28 días de antelación (como exige el contrato).
Asimismo, Mota se negó a cumplir las instrucciones para la reparación de defectos detectados en la obra, que constituyen incumplimientos graves del contrato y se configuran en causal de terminación del mismo, según se puede notar en el documento.
También se le consultó a Coscia sobre el monto que recuperará el Estado con las pólizas de cumplimiento del contrato y la garantía del anticipo del fallido Metrobús y dijo: “La de cumplimiento de contrato asciende al 10% del monto del contrato, la del anticipo alcanza a cubrir todo el anticipo no devuelto”.
En este sentido, es importante recordar que la empresa Royal Seguros SA informó que la póliza de fiel cumplimiento del contrato del fracasado Metrobús está vigente y el monto de la misma asciende a G. 40.390 millones (USD 6,3 millones al cambio actual).
Además, la garantía del anticipo que está a cargo del Banco Itaú también está vigente para su ejecución y, con esta caución, el Estado puede recuperar unos USD 6,2 millones del saldo del anticipo que se pagó a Mota Engil.
Esto significa que el Estado podría recuperar unos USD 12 millones tras el fracaso del Metrobús, con las dos garantías vigentes.
Nota que remitió MOPC a Mota. Vale señalar que a través de la nota número 229, con fecha del 6 de febrero, el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, comunicó a Mota Engil sobre el inicio de los trámites para la terminación del contrato del fracasado Metrobús. En el escrito la cartera informó a la compañía sobre el inicio de los trámites para la ejecución de la póliza de cumplimiento del contrato y de la garantía del anticipo que se pagó a la empresa, con lo cual puso punto final al contrato, según fuentes de la institución.
“Le notificamos que damos inicio al trámite de terminación del contrato, sirviendo esta comunicación como notificación previa conforme a lo dispuesto en la cláusula 15.2 en el apartado que dice: En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el contratante podrá, previa notificación al contratista, con una antelación de 14 días, terminar el contrato y expulsar al contratista del lugar de las obras”, resaltó la nota enviada a Mota Engil.
Fracasado plan. Este mes ya se cumple cuatro años desde que el MOPC adjudicó el fracasado Metrobús (durante la era de Cartes), que ya debió estar funcionando desde marzo del 2018, según el cronograma original de la empresa portuguesa Mota Engil, compañía que ganó la licitación en 2016 para encarar los trabajos. Sin embargo, las obras están paradas desde hace 16 meses, por abandono de la contratista, y los principales responsables del plan del Gobierno anterior, liderado por el ex ministro Ramón Jiménez Gaona y el ex coordinador del plan, ingeniero José Tomás Rivarola, siguen impunes. Pese a que se gastó millones no se pudo implementar el plan.
