El Ministerio de Hacienda confirmó la semana pasada que el plan de gastos público contemplará por noveno año consecutivo la toma de nueva deuda mediante la emisión de bonos del Tesoro en el mercado externo e interno para financiar parte de los programas de inversión. En este documento se habla de colocaciones que estarían en torno a los USD 500 y USD 600 millones, recursos que además se estarían destinando en parte al repago de la deuda próxima a vencer, procedimiento conocido como bicicleteo de la deuda.
Tras un año de enormes dificultades presupuestarias, fiscales y financieras, el Gobierno apunta que en 2021 el efecto rebote pueda ser contundente para impulsar una recuperación de sectores duramente golpeados por la crisis actual producto del Covid-19. Para esto, es fundamental que el ritmo de inversiones se mantenga, y con ello el efecto multiplicador en la economía.
No obstante, estos complejos meses que pasamos han vuelto a evidenciar y confirmar que la deuda pública se va volviendo insostenible al ritmo actual, por lo que es imperiosa la necesidad de revisar los regímenes de ingresos y gastos, en todas sus extensiones y alcances.
Cuando se habla de la necesidad de una revisión urgente de los ingresos, no se habla solamente de aumentar impuestos o crear nuevos gravámenes para cargar a los contribuyentes formales. Es evidente que hay sectores que aportan poco y nada, y la carga debe ser redistribuida en busca de una justicia tributaria, pero cuando se menciona una reforma del sistema tributario, implica también revisar profundamente los resultados que han tenido a lo largo de los años, por ejemplo, los incentivos fiscales o las exoneraciones. Y eso tiene mucho que ver con las emisiones de bonos.
Es que, mientras la presión fiscal paraguaya se sitúa en apenas el 10% del PIB, la más baja de la región, las exoneraciones que otorga cada año el Fisco están entre los USD 500 y USD 600 millones, es decir, en los mismos niveles que la emisión anual de los bonos. Los resultados de esas ventajas, por otro lado, casi no pesan en la expansión del PIB y mucho menos en la microeconomía.
Una reforma de este tipo también implica cambios en el funcionamiento de la Administración Tributaria. La SET debe ser fortalecida y ampliada para reducir la evasión y la elusión, mientras que Aduanas necesita una urgente depuración que acabe con la rosca cuyo objetivo es solamente enriquecer a funciones públicos desleales.
El segundo camino es reducir la grasa estatal. Los gastos rígidos están sobrepasando el 90% de los ingresos y el espacio fiscal será cada vez más reducido si no se mejora el uso de los recursos. Es impostergable una consensuada reforma del servicio civil que permita ir limitando el crecimiento del aparato estatal, mejorando la productividad y eliminando gastos en la mayoría de los casos innecesarios, como por ejemplo las consultorías, asesorías y otros parecidos.
Una nueva ley de compras públicas es fundamental. El Gobierno dice tener listo el proyecto, pero hasta ahora poco y nada se sabe del mismo. El malgasto anual en licitaciones es enorme y solamente contribuye a aumentar el malhumor social.
Se vienen tiempos aún más difíciles para la administración pública. Las desigualdades se van profundizando cada vez más y hay cada vez menos confianza en la gestión del Gobierno. No podemos seguir endeudando a las futuras generaciones sin transformaciones que les permitan a nuestros hijos tener una mejor calidad de vida, con bienes y servicios que reditúen en el bienestar general.
