Según la denuncia, los tres ganaderos, identificados como Miguel A. Muñoz, Kurt Friesen Schroeder y Óscar Hein Ratzlaff, ocupan la mayor parte de las tierras, dejando a los indígenas en unas 200 hectáreas, y ante la negativa del Indert de adjudicarles las tierras, han iniciado acciones judiciales.
Los senadores miembros de dichas comisiones, así como los representantes de la comunidad indígena y organizaciones de apoyo, entienden que dicha mensura permitirá aclarar la situación de la tierra y allanar el camino para que esta sea titulada en favor de los indígenas.
El presidente del Indert, Mario Vega, detalló que ya se han culminado los trabajos técnicos de la mensura judicial y que esta actualmente se encuentra en el Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
HISTORIAL. “En el año 1984, el Instituto de Bienestar Rural (IBR), mediante resolución fundada, adjudicó y habilitó esa fracción como Colonia Indígena. Luego, en el 2010 más o menos, entraron tres solicitudes de productores ganaderos para comprar como tierra fiscal. Luego Justo Cárdenas (ex titular del Indert) desestimó las solicitudes de los tres, y uno de ellos acudió al Tribunal de Cuentas”, explicó Vega.
Explicó que, posteriormente, bajo la administración en el Indert de Horacio Torres, con su director de la Región Occidental Enrique Gómez de la Fuente, inició una mensura, pero la misma favorecía a los ganaderos, ya que dividía en tres partes las tierras.
“Tras asumir en octubre del año pasado, yo saqué una resolución para que la mensura se haga sobre un solo cuerpo y no en tres fracciones. Entonces, los ocupantes iniciaron un juicio de retención de inmueble por mejoras introducidas, solicitando un pago de G. 6.000 millones cada uno, o sea G. 18.000 millones como indemnización por supuestos daños y perjuicios”, detalló el titular del Indert.
JUICIOS. En total son tres juicios ordinarios en el Juzgado Civil de la Región Occidental, donde los ganaderos solicitan la retención de las fracciones y el pago de indemnización por mejoras introducidas, y, por otro lado, accionaron en el Tribunal de Cuentas contra la resolución del Indert que rechazó sus solicitudes de adjudicación.
Los ganaderos sostienen que invirtieron millones de dólares, y que los indígenas que reclaman son manipulados por oenegés.
Por otro lado, organizaciones indígenas y otras acusan a los ganaderos de deforestar las tierras ilegalmente y de impedir el acceso a agua de la comunidad, uno de sus principales problemas.