Tener a 14 policías asignados para proteger a una sola persona, por más que se trate del presidente de la Cámara de Diputados, equivale a poner a su servicio a un pequeño ejército para su seguridad, financiado con dinero público, mientras amplios sectores de la población se encuentran sin protección y expuestos a la creciente violencia. Esta es otra de la situaciones que revelan el gran nivel de derroche y desequilibrio en la asignación de los recursos del Estado, en favor de la clase política.
No solamente el titular de la Cámara Baja, quien entregará su cargo el próximo 1 de julio, cuenta con una ultraprotección estatal, sino que junto a otros tres diputados, con quienes comparte la situación de hallarse procesados e investigados por la Justicia ante denuncias de presuntos hechos de corrupción, acaparan a unos 23 efectivos de la Policía Nacional que les sirven como custodios.
Al caso de Miguel Cuevas, del movimiento oficialista Colorado Añetete, quien está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza durante su época como gobernador de Paraguarí, que tiene a 14 policías custodios, se suma el caso de su compueblano, el diputado colorado cartista Tomás Rivas, quien tiene a cuatro efectivos policiales que también lo cuidan.
Rivas, imputado por cobro indebido de honorarios, estafa y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, fue procesado luego de varios reportajes de investigación publicados por este diario, en los que se reveló que tenía a tres caseros cobrando dinero del Estado, una causa por la que el diputado fue finalmente desaforado el pasado 22 de mayo, luego de múltiples chicanas.
También el diputado colorado Esteban Samaniego, del movimiento oficialista Añetete, cuenta con cuatro efectivos policiales a su disposición. El legislador fue intendente de Quyquyhó y dejó la administración comunal con varias denuncias de corrupción, incluyendo un faltante de 10.000 millones de guaraníes, causa por la que actualmente está investigado por la Justicia.
Igualmente, el diputado Carlos Portillo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tiene a un agente policial como custodio. El parlamentario fue acusado por el Ministerio Público por el hecho punible de tráfico de influencia, que es causal de pérdida de investidura. La fiscala anticorrupción Liliana Alcaraz lo investiga por un caso de audios filtrados que lo involucran en un proceso judicial tramitado en los tribunales de Alto Paraná.
Lo cuestionable es que, en total, unos 167 agentes de la Policía Nacional estén destinados exclusivamente a la protección de los parlamentarios cuando una gran parte de los ciudadanos, principalmente humildes, sufren ante la creciente violencia criminal en las calles, o se produzcan situaciones trágicas y terribles, como la que se registró el domingo último en la Penitenciaría Regional de San Pedro, donde 10 reclusos fueron asesinados con brutalidad pocas veces vista, algunos de ellos decapitados y otros incinerados, precisamente por falta de una buena cobertura de seguridad.
El proceso de racionalizar y distribuir mejor los recursos del Estado debe ir de la mano con una serie de acciones políticas que puedan ayudar a mejorar la seguridad ciudadana.
