EL CASO. En enero del 2022, un hombre había adquirido un Toyota Allion 2013 de dicha concesionaria, haciendo una entrega de G. 33 millones, quedando un remanente que debía saldar en 12 cuotas.
Iban pasando los meses y la víctima fue exigiendo a la empresa a que le entreguen los documentos del vehículo, para tramitar la chapa y como estos no accedían a entregar, el hombre dijo que iba a continuar pagando, una vez que le concedan los papeles.
Fueron dos meses que no pagó y, entonces, el 30 de noviembre del 2022, la playa le demandó, con los 12 pagarés, como si fuera que no pagó ninguna cuota. El comprador, sin embargo, ya había pagado más del 80 por ciento del valor del rodado.
Un juez de feria, el 16 de enero, ordena el secuestro del vehículo. Llegó junto a él, el oficial de Justicia de nombre Andrés Lezcano, quien también fungía de abogado de la concesionaria, acompañado de policías, y proceden a retirarle el auto. Incluso, llegaron con una copia de la llave, confirmó la fiscala Sánchez.
El 20 de marzo pasado, un juez de Itá ordenó a la playa de autos Steven Automotores a que devuelva el auto; sin embargo, no se cumplió y la empresa revendió el vehículo.
Ayer, la fiscala lideró un allanamiento en la empresa, donde encontraron órdenes de secuestros en blanco.
ANTECEDENTES. Los dueños ya tienen una causa abierta por un caso de megaestafa donde habrían sido víctimas más de cien personas.
Vendían los autos, y con atrasarse una cuota, con la complicidad del juez de Paz Jorge Franco Garelik, mandaba secuestrar de vuelta los vehículos.
