Este cierre se dio “dada la escasa matrícula de alumnos en la misma”, de acuerdo con la misiva del ministerio.
Pero, tras un pedido de información pública, el mismo MEC informó en el portal https://informacionpublica.paraguay.gov.py/, el 25 febrero pasado, es decir, 10 días después del supuesto consenso entre las partes sobre el cierre, que “no obra ninguna solicitud de clausura y que la escuela está activa”.
Además, indica que se ordenó la matriculación de los niños y niñas en edad escolar a otra escuela más cercana ubicada a 4 kilómetros de la comunidad.
Las familias denuncian que este establecimiento se ubica en realidad a 10 kilómetros, por lo que deben totalizar unos 20 contando la ida y la vuelta.
Tampoco cuentan con herramientas para seguir con clases a distancia.
La Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó ante el Poder Judicial un amparo para exigir la reapertura de la institución educativa, en favor de una de las niñas afectadas en el caso.
Exigen, por otro lado, un censo para conocer la situación de niños, niñas y adolescentes del sitio.
Al respecto, desde el MEC se limitan a contestar que analizan el pedido de amparo, a través de su departamento de Asesoría Jurídica.
El abogado Hugo Valiente, quien lleva el caso por la Codehupy, comentó que no todas las familias firmaron el supuesto consenso.
“Hablan de este presunto consenso, pero lo que pasó fue que llevaron una nota ya redactada a las familias de la comunidad”, lamenta.