Eso lo atestiguan los sellos del MEC estampados en constancias de aprobación y defensa de tesis. Incluso, al interior de las carpetas de los aspirantes a magíster en Ciencias de la Educación figura el grabado: “Legalizado MEC”.
“Hay dos precisiones importantes en el sello que hay que manejar: una es que certifica la firma y otra aclara que no juzga el contenido del documento que se está legalizando”, se excusa el abogado Nilsen Sánchez, secretario general del MEC.
Pero, en virtud a que los estudiantes –reclamando el registro de sus diplomas– presentaron esos papeles estampados, el ministro Raúl Aguilera corrigió el desfasaje que daba lugar a confusiones.
El mismo día, 2 de mayo, en que el MEC solicitó al Cones que investigue a dicho instituto, Aguilera firmaba la Resolución 15901 que amplía los mecanismos de control del Departamento de Legalizaciones y la Dirección de Certificación Académica.
“Estas son las circunstancias que nos permiten retroalimentar el sistema, en este caso el control, o sea, se agregan más filtros”, admite Sánchez.
A partir de ahora, recurrirán al catastro de universidades e instintos superiores habilitados. Hasta abril, a cualquier institución fantasma como la citada en esta hoja se le concedía el sello de legalización.