De acuerdo con los resultados de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria, la preponderancia del 20% más pobre de la población paraguaya de sufrir inseguridad alimentaria es del 50,62%, mientras que el índice es del 13,95% cuando se tiene en cuenta la categoría grave; es decir, cuando en la casa hay al menos un adulto que redujo en cantidad su comida y pasó incluso un día sin alimentarse.
Estos comportamientos se van atenuando a medida que las familias pudieron obtener más dinero. En el otro extremo, el análisis del INE reporta que el 20% más rico se vio afectado en la calidad o cantidad de alimentos en un 6,51%.
PROPUESTAS. Estos hallazgos sirven como base de datos para el diseño de políticas públicas para revertir la situación de vulnerabilidad de las familias.
El analista económico Amílcar Ferreira considera que la generación de empleo es la principal política contra el hambre, principalmente por las secuelas de la pandemia del Covid-19, que dejó problemas en el acceso al trabajo y precariedad en los ingresos, que a su vez inciden directamente en la seguridad alimentaria.
Si bien se había experimentado una recuperación con relación al momento más crítico de la emergencia sanitaria, el último informe estatal advierte sobre una caída de 60.000 puestos laborales.
“Más que nunca necesitamos políticas que promuevan el empleo”, instó Ferreira y detalló el camino que debe seguir el Estado en este ámbito.
No solo se contemplan las viviendas sociales, de escuelas y hospitales, sino también las que se construyen mediante créditos y sin subsidio estatal, ya que en ambos casos los proyectos tienen un efecto multiplicador al beneficiar a toda la cadena que se mueve alrededor de este tipo de construcciones.
Pero combatir el hambre no solo requiere de políticas de empleo, sino de una combinación de medidas como algunas que ya están vigentes, como el caso de la merienda escolar y de apoyo a las ollas populares, cuya ley aún está en trámite en el Congreso.
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. La investigadora de Base Investigaciones Sociales, Sarah Zevaco, coincide con que la inseguridad alimentaria se debe enfrentar con varias acciones en simultáneo.
Una de ellas es la creación de un programa de alimentos, donde se atienda no solo la producción de la agricultura familiar campesina, sino toda la cadena de distribución y comercialización de los insumos.
Para la economista, saber qué alimentos producimos, adónde van y dónde están las ganancias son informaciones claves para desarrollar políticas que no solo garanticen la disponibilidad de comida durante todo el año, sino que además sean accesibles para toda la población.
En el campo hay vasta experiencia en producción agrícola de consumo directo, pero no hay acompañamiento adecuado por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que aunque dio pasos, hasta ahora no pudo atender el problema de precios bajos que reciben las fincas familiares y mucho menos el autoabastecimiento de frutas y verduras.
Al respecto, Zevaco mencionó que el Estado puede trabajar en la puesta en marcha de mercados y distribuidoras, así como en el fomento de etiquetados que den a los consumidores la seguridad de que los productos provienen de la agricultura paraguaya y no del contrabando.
INFORME. El director del INE, Iván Ojeda, presentó los resultados de la nueva medición de inseguridad alimentaria que se aplicó por primera vez en el país en la Encuesta Permanente de Hogares Continua del tercer trimestre del 2021. Contempló ocho preguntas que se refieren a las experiencias que vivieron las personas y sus hogares en los últimos 12 meses, en coincidencia con una etapa todavía crítica de la pandemia.
La escala mide la incertidumbre y el acceso a las comidas como consecuencia de la falta de ingresos u otros recursos.