Por Carlos Marcelo Aquino
GUAYAYBÍ
Una comitiva fiscal policial, encabezada por la fiscala Rosa Talavera y funcionarios del Servicio Forestal Nacional (SFN), constató la deforestación ilegal de unas 150 hectáreas en el distrito de Guayaybí, en el departamento de San Pedro, tras una intervención realizada en la víspera.
El operativo se concretó en la propiedad del ganadero Ramón Ortellado, ubicada en el Barrio San Pedro del referido distrito, tras una denuncia recibida en la Fiscalía General del Estado.
Si bien el propietario, Ramón Ortellado, presentó la licencia ambiental otorgada por la Secretaría del Ambiente, el coordinador técnico del Servicio Forestal, Jorge Guillén, aseguró que dicho documento “no le habilita a echar los montes”.
Además, llamativamente la licencia, firmada por Jorge Coronel, quien fue director interino de la Seam, tiene fecha del 29 de marzo de este año, es decir, mucho después de que se haya consumado la deforestación.
De acuerdo a las fotografías satelitales de este Servicio, el proceso de deforestación se concretó en varios meses, iniciándose aproximadamente en setiembre del año pasado y culminando en febrero último.
El propietario, Ramón Ortellado, aseguró que tenían la información equivocada de que la licencia ambiental le habilitaba a realizar desmontes en su propiedad.
“Creímos que eso (el desmonte) se podía realizar teniendo este documento de la Seam”, apuntó Ortellado.
PRUEBAS. Para los técnicos del Servicio Forestal, las fotografías demuestran claramente que el desmonte es reciente. “Aquí no hay nada que discutir, esto se hizo a fin del año pasado y principio del actual”, señaló Guillén.
A pesar de la vigencia de la Ley de Deforestación Cero, muchos propietarios y arrendatarios echan centenares de hectáreas de bosques en el departamento de San Pedro, principalmente para el cultivo de soja, y algunos como Ortellado lo hacen para pastura.
Fiscala imputará al propietario
La fiscala Rosa Talavera adelantó a ÚH que imputará al propietario de las tierras deforestadas, Ramón Ortellado, por el delito de trasgresión a la Ley 716, que protege el Medio Ambiente, y cuya expectativa de pena es de 3 a 8 años de cárcel, así como multas.
“Evidentemente, ellos trasgredieron esta ley, por eso voy a imputar a este señor, al propietario. Según el informe de los técnicos, son más de 150 hectáreas de desmonte”, dijo la representante del Ministerio Público.
Añadió que hay pruebas del delito ambiental cometido en el establecimiento, y mencionó que el agravante del hecho es la falta de documentos habilitantes para dicha actividad de parte del propietario, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental del país.
“El propietario explicó que (el desmonte) era para pastura y que no cuentan con ninguna documentación. Además, hay que recordar que está en vigencia la Ley de Deforestación Cero”, explicó la funcionaria de la Fiscalía.