Al contrario, el Presupuesto 2024 incluyó más rubros para estas instituciones por lo que una primera medida básica de eficiencia que podría haber sido el mejor uso de los rubros disponibles se dejó de implementar.
En esta reorganización tampoco se incluyeron medidas de racionalización de las remuneraciones, vinculando las mismas a los resultados de la gestión. Estas instituciones estuvieron incluidas en la famosa reforma de la “matriz salarial” que resultó ser una mentira, ya que unificó una serie de bonificaciones con la promesa de simplificar y transparentar, pero sin embargo, años después, volvieron todo esos beneficios.
La situación empeora si se considera que a pesar de que la autoridad fiscal señala que se está implementando un presupuesto por resultados, no hay vinculación entre las remuneraciones y los resultados de la gestión de los recursos humanos. El primer ejemplo de medidas para aumentar la eficiencia debería estar dando la institución que impulsa las reformas legales con este argumento.
Esperemos que este nuevo plan de reestructuración se ponga a disposición de la ciudadanía y se debata en función de evaluaciones que justifiquen los cambios y que se dispongan de metas de mejoras.
Estos cambios no deben realizarse sin evidencias de su necesidad y sin indicadores claros sobre los cambios que se esperan conseguir.
Enviar un proyecto de ley porque a alguien se le ocurrió la idea, sin argumentos claros y sin una ruta que permita a la ciudadanía monitorear los beneficios, solo conducirá a un nuevo conflicto y a la deslegitimidad política.
Más que una nueva ley que corra el riesgo de generar un nuevo pico de crispación ciudadana, el país necesita que se cumplan las normas existentes. La reorganización de organismos públicos sin funcionarios comprometidos con la ciudadanía y sin una sustancial reducción de la corrupción no tiene ninguna posibilidad de aumentar eficiencia. Sobran las evidencias provenientes de reportes oficiales, informes y recomendaciones de organismos internacionales e investigaciones independientes que muestran donde están las debilidades institucionales.
La mayoría de los cambios necesarios no requieren leyes nuevas, sino el buen cumplimiento de las vigentes.
La prensa y las redes mostrando la casuística semanal evidencian que el sector público no está cumpliendo requisitos mínimos en el manejo de los recursos humanos al contratar a funcionarios violando leyes vigentes.
Desde que se inició este Gobierno, el Parlamento con mayoría del mismo partido político aprobó medidas, como para que sea más difícil la pérdida de investidura, le dieron media sanción a una ley de devolución premiada en caso de corrupción pública y destruyeron la ley de conflicto de intereses.
El propio presidente de la República vetó la ley que permitía a la Contraloría analizar a las instituciones como la Corte, Fiscalía y otras, que pusieron un bloqueo al control al enviar sus rendiciones de gastos al Tribunal Cuentas y puentear al ente contralor.
En definitiva, antes que generar un nuevo foco de conflicto y apelar a la prepotencia y a la represión como forma de vinculación con la ciudadanía, el gobierno debiera parar el blindaje a la corrupción en la que está abocado el Parlamento e implementar medidas de eficiencia en la administración pública que muestren fehacientemente el interés del gobierno en este objetivo.
Sin estos pasos básicos, ningún plan de reestructuración funcionará, aunque esté aprobado por ley.