Es destacable la rápida respuesta del titular del Legislativo, frente a otras autoridades que permanecen impasibles ante la magnitud de lo sucedido. Sin embargo, no hay que descartar que sea una propuesta que busca generar protagonismo político antes que resultados valederos.
El estado de excepción, tal como su nombre lo indica, es una figura prevista en el artículo 288 de la Constitución Nacional para ser aplicada solamente en situaciones extraordinarias, como un conflicto armado internacional, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de la Carta Magna o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella. Puede ser declarada por el Congreso o por el Poder Ejecutivo, en todo o en parte del territorio nacional, por un término de sesenta días como máximo.
En el Paraguay, con una cultura política aún muy autoritaria, hay que tener cuidado al decretar el estado de excepción, ya que suprime libertades cívicas importantes, como la libertad de movimiento, de reunión e incluso de expresión. Esta misma figura, con la denominación de estado de sitio, fue utilizada abusivamente por la dictadura stronista durante gran parte de su vigencia para reprimir a los opositores y mantener sometida a la población, apelando a recursos de terrorismo de Estado como las prisiones sin orden judicial, las torturas, las desapariciones y los asesinatos.
En la era democrática, el estado de excepción se había utilizado ya en algunas oportunidades durante el gobierno de Luis González Macchi, en 2002, para frenar manifestaciones en su contra, con el saldo de ciudadanos heridos, y durante el gobierno de Fernando Lugo, en abril de 2010, cuando se impuso por 30 días en los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro, Alto Paraguay y Presidente Hayes, con la excusa de combatir al grupo armado criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Luego se repitió una segunda aplicación durante el gobierno de Lugo, en octubre de 2011, por 60 días, en San Pedro y Concepción. No se logró acabar con el EPP, pero los pobladores denunciaron abusos contra los derechos humanos cometidos por policías y militares.
Lo ocurrido en Amambay no justifica aún una medida extrema, que no ayudará a solucionar la grave crisis del sistema penitenciario ni mucho menos a disminuir la corrupción o vencer al crimen organizado. Lo que hace falta es que las instituciones del Estado realmente funcionen, demuestren eficiencia, sean debidamente controladas por las instancias encargadas y sean ejemplarmente sancionadas cuando sus funcionarios sean sorprendidos cometiendo delitos. Es decir, que hagan bien su trabajo, lo cual no está sucediendo.