Por su parte, el gerente comercial de la administración eléctrica, ingeniero Hugo Rolón, detalló que el ente está impulsando el proyecto del Ejecutivo que pretende elevar las penas para el robo de energía eléctrica.
Rolón también detalló que se están implementando equipos reconectadores telecomandados para operación, monitoreo y control en tiempo real del consumo eléctrico e incluso se emplea software de inteligencia artificial para el análisis de datos, además de utilizar vehículos con cámaras termográficas para detectar las consumos irregulares.
El funcionario recordó además que la deuda de los usuarios es de USD 200 millones, mientras que las entidades públicas tienen compromisos pendientes que suman USD 90 millones.
Operativos. Solamente la semana pasada, la ANDE intervino dos establecimientos dedicados a la criptominería de manera irregular, que ocasionaban un perjuicio mensual de G. 1.433 millones.
Por un lado, el domingo 19 de mayo se intervino una criptominería ilegal en un inmueble del ex diputado Miguel Cuevas, donde había equipos para abastecer de energía eléctrica a toda Sapucai (Paraguarí). El lugar pagaba G. 120.000 mensuales, pero la granja de criptomonedas que operaba usaba el servicio por G. 873 millones mensuales, explicó Diego Fernández, asesor jurídico de la ANDE. El funcionario recordó que en total encontraron 396 máquinas de criptominería y un transformador de 3.150 kVA. Cada uno de los equipos consumía lo equivalente a un aire acondicionado de 18.000 BTU funcionando 24 horas.
Si bien el inmueble pertenece a Cuevas, estaba siendo arrendado a Ramona Peralta, cuyo representante, Nelson Cardozo, afirmó que el contrato de alquiler rige desde el pasado 22 de abril. Sin embargo, el asesor jurídico de la ANDE dijo que el consumo inusual en la zona se detectó hace seis meses, cuando en principio no se había arrendado aún la propiedad, por lo que en este periodo de 180 días el perjuicio habría orillado los G. 5.000 millones.
Fernández explicó que el lugar está declarado como propiedad agrícola, con un contrato monofásico con la ANDE. Agregó que fácilmente los operadores de la criptominería ganaban más de G. 1.000 millones en forma mensual por la cantidad de máquinas.
Por otro lado, el 21 de mayo hubo otra intervención en Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú. En este caso, el operativo fue en un local donde se encontraban dos transformadores de 1.000 kVA cada uno (totalizando 2.000 kVA de potencia) y 176 máquinas procesadoras de criptomonedas. “Estas máquinas fueron incautadas y trasladadas al predio de la Fiscalía de Saltos del Guairá; mientras que los transformadores de potencia quedaron en el mismo sitio lacrados”, informó la ANDE.
La estatal añadió que tras el análisis, se estimó un daño patrimonial mensual de G. 560.000.000. En ambos casos, autoridades de la estatal presentaron denuncias ante el Ministerio Público por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274), según el Código Penal.
