Más de 100 pedidos de informes, que fueron aprobados por los senadores, quedaron prácticamente cajoneados por las autoridades de las distintas instituciones afectadas.
De acuerdo a la estadística elaborada por la Comisión de Peticiones de la Cámara Alta, los proyectos de resolución ya datan incluso del año pasado.
En la mayoría de los casos, se hicieron reiteraciones, que tampoco fueron tenidas en cuenta, y que ya ocasionó molestias a los senadores.
La progresista Desirée Masi y el colorado Javier Zacarías Irún fueron los que despotricaron en varias sesiones el “ninguneo” al Senado.
“Estos funcionarios públicos del Estado están incumpliendo”, había sido la queja de ZI en una de las sesiones.
En ese contexto había sugerido incluso la interpelación y la remisión de los antecedentes de los que no responden los pedidos por mal desempeño de funciones.
En ese ínterin también se había dado la recepción de un documento totalmente tachado por parte del Banco Central del Paraguay, ante consultas sobre el caso de Darío Messer, y la ex Financiera Ara.
En la mira. En la lista de instituciones, que incumplen con el deber constitucional de contestar los pedidos de informes en un plazo de 15 días, figuran la mayoría de los ministerios, así como municipios, Fiscalía General del Estado, las binacionales, pero el que lidera el ránking es el Indert. Esta institución tiene 14 pedidos de informes sin responder del año pasado, y otros 4 de este 2022.
Una de las cuestiones que se le había solicitado es con relación a los supuestos hechos punibles de plantación ilícita de marihuana dentro de la Reserva del Mbaracayú.
Figuran también varios pedidos de informes del año pasado que fueron presentados por el ex senador liberal Juan Bartolomé Ramírez.
El mismo había renunciado a su banca para candidatarse para la terna de la Justicia Electoral, y se fue sin que haya recibido respuesta. Al final también tuvo que renunciar a su candidatura.
El Ministerio Público tampoco respondió hasta ahora a un pedido de informe sobre el estado procesal de causas penales abiertas a municipalidades y gobernaciones.
A pesar del requerimiento del Senado, Itaipú sigue sin informar sobre los 108 contratos de préstamos por USD 668.291.000 con 31 instituciones bancarias brasileñas y paraguayas de 1977 al 2014.
Tampoco tomó nota sobre los 114 préstamos de Eletrobrás a la Binacional.
El Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pasaron por alto un pedido sobre la explotación clandestina de juegos de azar.
La falta de respuesta al pedido de informe al Ministerio Público sobre incautaciones y decomisos llevados a cabo en el marco del combate al tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, había generado una fuerte crítica de Desirée.
El Ministerio de Salud es otro de los que está en falta al no responder sobre la implementación de la Ley de Atención Integral a las personas con cáncer, ni sobre los contratos y las deudas con las empresas farmacéuticas.
El Ministerio del Interior y el Poder Judicial fueron consultados sobre el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, que sigue generando roncha, ya que no se tienen los números para la derogación de la ley de criminalización.
En medio de la crisis generada por la suba de los combustibles y presentaciones de proyectos de ley en ambas Cámaras del Congreso en relación a este tema, Petropar prácticamente se desentendió de brindar información requerida por el Senado.
Se había consultado sobre la estructura del costo de reposición, capacidad instalada y otros. También, sobre las estaciones de servicios que operan bajo su emblema.
Otra cuestión hacía alusión a los costos de los combustibles, sin que hasta el momento el actual titular de la entidad Denis Lichi haya remitido algunas de las respuestas solicitadas.
