Tesis de trabajo de esta serie de columnas (le preceden a esta cuatro columnas y anteriormente otras sobre el mismo tema) es que la baja calidad del gasto público tiene que ver en nuestro país con:
• Falta de meritocracia: Generalmente no se tienen en cuenta los estudios formales (títulos) e informales (adiestramiento del profesional por cuenta propia) así como tampoco experiencias técnicas acumuladas y similares para la contratación de funcionarios públicos. Por el contrario, se los contrata más bien por prebendas electorales, amiguismo, nepotismo y/o gratificaciones personales por relaciones íntimas.
• Apropiación indebida de los recursos del Estado vía varias leyes que la permiten. Las últimas tienen que ver con la Matriz Salarial, en su versión primera, afectando los años 2012 y 2013, y también con la posterior (la Nueva Matriz) que entró a regir en los años siguientes. Con la Matriz se obliga legalmente al pago de remuneraciones siderales a altos funcionarios públicos.
• Saqueo ilegal y sistemático de los recursos del Estado en forma fraudulenta. Instrumentos frecuentemente utilizados a tal efecto son robos directos, estafas sofisticadas, manipulación dolosa de fondos y similares.
La megacorrupción y la omnipresente impunidad fomentan dichos abusos legales e ilegales de los recursos públicos.
GRAN EVASIÓN versus BAJA PRESIÓN TRIBUTARIA. La conjugación de todos estos factores y su efecto combinado en los gastos del Estado son pésimos para el manejo de la “cosa pública”. Esto está corroborado por numerosos casos y denuncias que han trascendido, hasta con detalles, en los medios de comunicación. La fortuna mal habida de numerosos funcionarios públicos y privados, en connivencia estos últimos con aquellos, es la expresión más contundente del desequilibrio constatado en el Presupuesto General de la Nación y en las Cuentas Fiscales: la evasión tributaria es alta (40% de la recaudación potencial), a pesar de que la presión tributaria es baja, y, por lo tanto, la recaudación está muy por debajo de los niveles que deberían ser normales. Ergo, el Estado no tiene disponibles recursos suficientes con los que atender sus objetivos básicos que son ayudar en términos técnicos y crediticios a la microeconomía así como fortalecer la seguridad jurídica y hacer asequibles en calidad y costo tanto la educación, la salud y la justicia social como el equilibrio ambiental.
ARTICULAR MAYORÍAS REIVINDICATORIAS. Para superar ese estado de cosas hay que ir impartiendo educación cívica a todos los ciudadanos a los efectos de ir articulando mayorías en la opinión pública que posibiliten también mayorías a favor de una reforma integral hacia el desarrollo sostenible a través de partidos políticos que también en mayoría la apoyen. Solo esto podrá conducir a que se las articulen en ambas Cámaras del Congreso Nacional para la sanción de leyes ad hoc y que el Poder Ejecutivo tenga la suficiente voluntad política para su promulgación, concibiendo políticas públicas hacia el desarrollo sostenible. Esto, a su vez, debe estar enmarcado en un Poder Judicial, conformado con criterios de meritocracia, independencia de partidos políticos y de grupos económicos de presión, brindando justicia pronta y barata. Magistrados honestos, capaces y expeditivos son sine qua non en este proceso de reforma integral.
EDUCACIÓN CÍVICA. Como se ve, todo pasa por educación cívica, mayorías, meritocracia, eficacia y eficiencia así como honestidad y transparencia en la administración del Estado, entendido en su versión amplia: la sociedad jurídica y políticamente organizada en términos de instituciones sólidas, con suficiente presupuesto así como funcionarios probos, abarcando todos los sectores socioeconómicos y ambientales tanto como todos los segmentos poblacionales, sin discriminación ni de raza ni sexo, ni de religión ni partidos políticos ni de ideas ni creencias, dentro de Estado de derecho en democracia, regidos por ética y valores cristianos o similares.