Otro grave hecho que afecta a la imagen del Ministerio Público es el que se ha producido en la Aduana de Mariscal Estigarribia, Chaco, donde el pasado 14 de abril agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a detener un camión semirremolque que iba rumbo a Bolivia, en cuyo interior encontraron una carga de cigarrillos de las marcas Pine, Rave y Carnival, cuyos despachos aduaneros resultaron falsos, al no figurar sus códigos en el sistema Sofía de la Dirección Nacional de Aduanas, por lo que se presume que se trataba de un caso de contrabando de cigarrillos falsificados.
Sin embargo, el 15 de abril, el fiscal Eduardo Cazenave, de la Unidad Penal N° 3 del Área VIII, Chaco, ordenó que el cargamento sea liberado y entregado nuevamente a quien se presentó como dueño de la carga, Marcelo Ojeda, y a su abogado, Denis Milciades Ojeda. Esta irregular acción hizo que el director de Aduanas, Julio Fernández Frutos, presente una denuncia contra el fiscal Cazenave, por presunta comisión de hechos punibles con el uso de despachos de contenido falso ante el ministro Emilio Fúster, titular de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando, y anuncie que también lo hará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Cabe recordar que el fiscal Eduardo Cazenave ya tiene en su haber denuncias anteriores ante el JEM, como también una suspensión por parte de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas por su intervención en un caso de delitos de marcas en Ciudad del Este, circunstancias que deberían haber llevado a una mayor atención sobre sus funciones. Su actual cuestionada actuación constituye otro punto negativo que afecta al sistema de justicia, casi en el mismo momento en que un Tribunal de Sentencia falló en un postergado juicio contra el ex fiscal Rubén Villalba, quien fue hallado culpable de un caso de coima, pero se le otorgó una pena muy leve, de dos años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la condena con el pago de 50 millones de guaraníes en un plazo de cinco años, por la cual evitará ir a prisión.
Como se recordará, el fiscal Rubén Villalba fue grabado con cámara oculta durante un operativo encubierto, en agosto de 2014, cuando percibía una coima de 43.500.000 guaraníes a cambio de favorecer a Daniel Mitjans, quien estaba procesado en dos casos de estafa.
En el juicio oral del caso se dijo que no se probó que el entonces fiscal Villalba haya pedido dinero al procesado, pero que sí aceptó la coima, con lo cual –según el criterio de los jueces– la culpa del ex agente del Ministerio Público sería menos grave y finalmente evitaría ir a la cárcel pagando dinero como reparación del daño.
Estas situaciones, que se conocieron en estos días, son las que deterioran aún más a una Fiscalía y a un Poder Judicial que ya de por sí arrastran una grave pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía, porque revelan cuán vulnerable sigue siendo el sistema de Justicia ante la corrupción y cuán débil es la misma para imponer castigos.
La ciudadanía debe movilizarse con mayor énfasis para reclamar una depuración cada vez mayor de las estructuras judiciales afectadas por este flagelo.
